Un juez federal anuló ayer una política del gobierno de Trump promulgada después del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, que dificultaba que inmigrantes de decenas de países permanecieran y entraran en Estados Unidos. La medida impedía que solicitantes procedentes de 39 países afectados por la prohibición de viajar recibieran resoluciones sobre asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía.
En un fallo que criticó duramente al gobierno, el juez John McConnell Jr. afirmó que la política “arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en EU a un limbo legal indeterminado”, y acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) de ignorar la ley.
“Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el USCIS se asigna una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que deben tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antiinmigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir. En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”, dijo el juez.
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Las políticas le prohibían a inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, como Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, recibir decisiones sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía. La medida no incluye a México.
Las políticas se aplican al USCIS, que aprueba solicitudes para que los inmigrantes trabajen y se conviertan en ciudadanos. La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, a menudo concede asilo, pero sólo a quienes ya están en EU. Los jueces de inmigración conceden asilo a quienes son detenidos en la frontera; el fallo no los afecta, y tampoco lo hacen las políticas que desencadenaron la demanda.
En su moción para desestimar, que el tribunal denegó, el gobierno argumentó que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo una amplia autoridad sobre la política migratoria, incluida “la entrada de extranjeros en EU, así como discreción dentro del esquema estatutario para conferir y también retirar diversos
beneficios discrecionales”.
“Este caso se basa en una premisa notable: que un tribunal federal debería impedir que una agencia emita la misma orientación de políticas que proporciona al personal del gobierno las barreras de protección necesarias para garantizar una toma de decisiones consistente, no arbitraria e individualizada conforme a la ley federal”, escribió el gobierno en su escrito.
“Este fallo reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen. Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades en todo el país, que quedaron en el limbo, sin poder trabajar, acceder a protecciones o seguir adelante con sus vidas”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que representó a los demandantes en el caso.
“Es una importante victoria legal para garantizar que las vías legales de inmigración permanezcan abiertas y que el USCIS sea obligado a hacer su trabajo, ordenado por el Congreso, de adjudicador de solicitudes”, declaró Shev Dalal-Dheini, director de relaciones gubernamentales de la American Immigration Lawyers Association.
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