Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia de Argentina (SIDE) y dueño de Zona Divas, fue extraditado desde México hacia Argentina, su país natal, después de haber permanecido 10 años y 10 meses en territorio mexicano.
El acusado, de 77 años de edad, arribó al aeropuerto de Ezeiza a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 para hacer frente a imputaciones por asociación ilícita, lavado de dinero y la administración de una red de prostitución.
Martins ingresó a la SIDE en noviembre de 1974 y se jubiló en octubre de 1987. Posteriormente, estableció locales nocturnos en Buenos Aires que eran frecuentados por magistrados, fiscales y empresarios, a quienes registraba en video.
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En 2001, una de estas grabaciones fue hallada por el fiscal José María Campagnoli en una caja de seguridad, y para el año 2003 el imputado fijó su residencia en Cancún.
En 2012, su propia hija presentó una denuncia penal en su contra, aunque la causa permaneció paralizada hasta 2016. En ese año, la investigación fue reactivada por el fallecido fiscal Federico Delgado junto con la Procuraduría de Trata, encabezada por Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, estableciendo que la organización operó durante 25 años en al menos 10 locales de la capital argentina.
El 3 de octubre de 2019, Martins fue detenido en el aeropuerto de Cancún cuando pretendía viajar a Bélice, iniciando desde entonces la presentación de diez recursos de amparo.
En 2023, la Cancillería mexicana autorizó su extradición, pero un recurso de último momento frenó la medida y derivó en su confinamiento bajo arresto domiciliario en un condominio de Cancún.
Actualmente, a su llegada a Buenos Aires, el extraditado queda a la espera de la realización del juicio oral que involucra a más de una docena de imputados por parte de la instancia judicial correspondiente.
Esta extradición ocurrió luego de que Argentina expulsó al excontralmirante, Fernando Farías Laguna, quien es acusado de huachicol fiscal en Mé
Este fue el caso Zona Divas
El caso Zona Divas destapó una de las mayores redes internacionales de trata de personas y explotación sexual en México.
A través de un portal web que prometía empleo a mujeres jóvenes de Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil, la organización las engatusaba para viajar al país.
A su llegada, los criminales les confiscaban los pasaportes y las sometían a deudas ficticias impagables para obligarlas a prostituirse en hoteles de la capital mexicana.
La gravedad del caso escaló a nivel internacional entre 2017 y 2018 tras una ola de feminicidios contra varias de las jóvenes víctimas, entre ellas Katya, Génesis Gibson, Karen Grodziñski y Kenni Finol.
Esta última logró grabar audios y videos antes de su asesinato donde denunció las amenazas de la red, convirtiéndose en una pieza clave para la investigación.
Ante la indignación social, las autoridades desmantelaron el sitio web y detuvieron a administradores y reclutadores.
En 2019 cayó Ignacio Antonio Santoyo, alias El Soni, señalado como el cerebro de la organización. El escándalo expuso severas omisiones migratorias y la urgente necesidad de combatir la explotación sexual sistemática.
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JVR
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