Amnistía Internacional denunció ayer violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios federales realizados entre 2025 y 2026 en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis, y pidió el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La organización llegó a esa conclusión tras realizar 154 entrevistas y analizar más de 30 pruebas audiovisuales. Documentó discriminación racial, detenciones arbitrarias, intimidación, uso ilegítimo de la fuerza, represión de protestas, así como condiciones de encierro que podrían constituir tortura. El informe señala que las muertes de Silverio Villegas González, Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”. También denunció el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta contra manifestantes y observadores, así como vigilancia mediante reconocimiento facial.
Amnistía Internacional aseguró que algunos detenidos quedaron incomunicados, sin contacto con abogados o familiares, mientras las autoridades se negaban en ocasiones a informar sobre su paradero. La organización sostuvo que los abusos responden a problemas estructurales y no sólo a conductas individuales.
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Asimismo, el gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema permitir de nuevo las deportaciones rápidas hacia terceros países con los que los migrantes no tienen vínculos. En tanto, tribunales inferiores determinaron que las personas deben tener oportunidad de argumentar si enfrentarían persecución o tortura en esos destinos. A su vez, una investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental concluyó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desperdició decenas de millones de dólares al ampliar su capacidad de detención sin una planeación adecuada.
Entre los gastos figuran 2.85 millones de dólares en tiendas instaladas en Guantánamo que nunca recibieron detenidos y más de 20 millones en costos relacionados con siete almacenes que ahora serán vendidos. ICE compró 11 inmuebles por unos mil 70 millones de dólares.
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