El plan de Estados Unidos para expulsar migrantes hacia países distintos a los suyos está “desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos”, advirtió ayer un grupo independiente de expertos de Naciones Unidas, que pidió al gobierno estadounidense detener dicha política.
Desde que Donald Trump asumió la Presidencia en enero de 2025, Washington firmó acuerdos con países en vías de desarrollo para recibir a personas que no pueden ser enviadas legalmente a sus lugares de origen. Los especialistas señalaron que más de 35 naciones y territorios han pactado con Estados Unidos.
De acuerdo con el grupo de expertos, al menos 23 mil ciudadanos de terceros países ya fueron trasladados a 29 naciones y territorios. Entre los países que aceptaron este tipo de acuerdos figuran Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur.

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Los especialistas advirtieron que estas expulsiones aumentan el peligro de tortura, malos tratos y desapariciones forzadas. Además, pueden vulnerar el principio que impide enviar a una persona a un lugar donde corra riesgo de persecución, tortura u otros daños graves.
“Estos migrantes son trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos”, señalaron.
Algunos deportados recibieron protección de jueces estadounidenses, quienes determinaron que podrían sufrir abusos si regresaban a sus naciones. Los especialistas alertaron que los acuerdos también pueden abrir paso a detenciones arbitrarias, esclavitud y trata.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron preocupación por lo ocurrido en Guinea Ecuatorial, donde policías apuntaron con armas de fuego a migrantes, y en República Centroafricana, que recibe deportados iraníes.
“Quienes enfrentan los mayores riesgos son los niños y niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, las víctimas de trata, las personas LGBT, los defensores de derechos humanos, las personas apátridas y otras personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”, sostuvieron los expertos, sin documentar casos individuales.
Más de una docena de especialistas escribieron al gobierno estadounidense para pedir que detenga las medidas. También enviaron comunicaciones a 35 países y territorios que, según indicaron, aceptaron recibir deportados.
Washington ha defendido los acuerdos como legales y aseguró que las expulsiones cumplen con la legislación migratoria. Donald Trump pidió este mes a la Corte Suprema mantener la política después de que tribunales inferiores determinaran que era ilegal.
Los expertos, entre los que se cuentan relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos de migrantes y sobre protección de derechos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, son comisionados por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para supervisar y documentar crisis específicas de derechos humanos, pero independientes.

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