El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso nuevas y amplias sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), parte de su campaña para desmantelar el tribunal por las investigaciones que hace a su país y aliados, incluido Israel. La medida provocó reproches de diversas partes del mundo, incluso de aliados de Washington.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones ayer, luego de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a Navi Pillay, exjueza de la CPI.
“Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros. EU y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI”, dijo en redes sociales.
Las sanciones dejan a la corte sin acceso a servicios financieros con sede en EU, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadounidenses. Establecen un plazo de seis meses para que las empresas y las personas en ese país que tengan negocios con la corte reduzcan y cierren esas actividades.
Rubio dijo que los aliados de Washington deberían sumarse a las acciones: “Si no lo hacen, EU continuará su campaña para desmantelar la CPI, pieza por pieza, hasta que los estadounidenses ya no estén amenazados”.
La CPI, con sede en La Haya, denunció la medida por considerarla un ataque al Estado de derecho y a los cimientos del orden internacional. “Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la corte haga aquello para lo que fue creada”, manifestó en un comunicado.
La presidenta de la corte, la japonesa Tomoko Akane, añadió por su parte: “Esto no se trata sólo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho”.
Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las sanciones, diciendo que la decisión asestó “un duro golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional”.
En una declaración conjunta, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido señalaron: “En nuestro papel de firmes partidarios de la CPI, lamentamos y discrepamos enérgicamente con el anuncio de sanciones que EU impondrá a la corte. Seguiremos trabajando juntos para apoyar la vital labor de la corte”. La UE indicó que tiene la intención de trabajar con la CPI y adoptar “cualquier medida necesaria” para garantizar que pueda continuar su labor.