El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció ayer en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad privada con la que mantuvo vínculos comerciales y que recibió cientos de millones de dólares de recursos públicos. La caída del banco dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas en el país.
En un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario justificó su salida por la necesidad de preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas. También ofreció disculpas a la población.
“Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, expresó Santiago Peña, quien pidió garantizar la devolución de los ahorros y proteger los recursos públicos.
Demócratas prometen alivio a estadounidenses y vigilancia a Donald Trump
Por su parte, la Cámara de Diputados mantuvo una sesión extraordinaria y sus 78 integrantes presentes aprobaron por unanimidad iniciar un juicio político, bajo el argumento de un “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. El procedimiento pasó al Senado, el cual ya inició el proceso. “Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido”, dijo la fiscal Rocío Vallejo.
El vicepresidente Pedro Alliana es el siguiente en la línea de sucesión y podría asumir la Presidencia, aunque el proceso legislativo podría retrasar su toma de posesión.
- El Dato: Ueno Bank también patrocinaba a la selección nacional de futbol y al principal estadio del país, donde su logotipo fue retirado. En Asunción aparecieron pintas contra Peña.
La asociación. Santiago Peña fue accionista de Grupo Vázquez, empresa propietaria de Ueno Bank hasta marzo de 2025, y mantuvo vínculos comerciales con Federico Miguel Vázquez, uno de los principales socios de la entidad.
El banco llegó a administrar cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las pensiones y los servicios de salud de los trabajadores paraguayos.
El Banco Central intervino la institución por problemas de solvencia. La entidad tenía alrededor de 2.9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, por lo que miles de familias quedaron sin acceso a sus ahorros.
En tanto, la Fiscalía emitió órdenes de arresto contra ocho directivos y ejecutivos, entre ellos el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez. Los tribunales ordenaron congelar sus bienes y algunos quedaron bajo arresto domiciliario.
El mandatario también enfrentó acusaciones de conflictos de intereses, malversación de fondos de pensiones y encubrimientos institucionales. Santiago Peña rechazó los señalamientos y sostuvo que cualquier irregularidad debía investigarse por la vía judicial.
La crisis provocó una ruptura dentro del Partido Colorado, que retiró su respaldo al presidente. Incluso el expresidente Horacio Cartes, mentor político de Santiago Peña, apoyó el juicio político y afirmó que la fuerza política no respaldaría el saqueo de recursos públicos y privados.
En las calles de Asunción, trabajadores de Ueno exigieron el pago de salarios e indemnizaciones, mientras los depositantes reclamaron recuperar su dinero. El Ministerio de Trabajo calcula que el colapso afectó cerca de siete mil empleos directos e indirectos.
