Amplían restricciones, pero persisten cierres

A 40 días del inicio de las protestas, Perú extendió el Estado de emergencia en zonas críticas como Lima, Cusco, Puno y Callao, sin que ello evitara movilizaciones en las que exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte.

A unas horas de que la sucesora de Pedro Castillo descartara, otra vez, renunciar al cargo, al sostener que eso no resuelve la crisis andina, los disidentes desafiaron las restricciones impuestas que prohíben por hasta 30 días las libertades de tránsito y reunión, y ayer tomaron las calles provocando más de 120 bloqueos en varios puntos carreteros de la región, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.

Los manifestantes advierten que no desistirán hasta que se detengan los asesinatos principalmente en Puno y Cusco, que se convirtieron en zonas de batalla por el aumento de choques con la Policía, lo que expone el fin de una tregua por las festividades de Año Nuevo.

Incluso, en uno de los puntos también se amplió el toque de queda de las 20:00 a las 04:00 horas del día siguiente para garantizar la seguridad, luego de los actos violentos de la semana pasada.

Pero la represión y el vandalismo no ceden, pues Lima acumula casi medio centenar de decesos, más de uno por día desde que la exvicepresidenta asumió como jefa de Estado, tras la caída y arresto de Castillo Terrones. Y ante la escalada de la contención policial, tras la presunta adquisición de insumos para contener las marchas, la población elevó su reclamo contra el gobierno y autoridades en Andahuaylas y Lima, pues rechazan que, pese a los 49 crímenes y más de 600 heridos, los agentes siguen disparando contra quienes sólo exigen justicia.

Denunciaron que cada respuesta del gobierno, con decretos, sólo da más poder a las Fuerzas Armadas para atacarlos, sin importar que sus protestas sean pacíficas, al justificar que éstas pueden convertirse en revueltas sociales o que se trata de acciones contra quienes atentan contra el país y la propiedad privada, en referencia a las tomas de aeropuertos, por lo que varios sectores más prevén mantener las protestas al convocar a nuevas marchas y bloqueos para hoy y los próximos 18 y 19 de enero, según la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, lamentaron que Boluarte ignore el reclamo para adelantar las elecciones, previstas para abril del 2024, incrementando el rechazo contra ella; muestra de ello es que más de 70 por ciento de la población repudia la gestión de la sucesora de Castillo, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, pero 80 por ciento prácticamente quiere un nuevo Poder Legislativo, al descalificar su desempeño con la peor evaluación desde noviembre pasado.

Dicho informe también expone que más de la mitad de la población pugna porque se adelanten las elecciones y hasta 60 por ciento respalda las protestas o se siente identificado con éstas, pues reconoce el reclamo social para atajar la crisis nacional.

Y las críticas se extienden, pues ayer la Iglesia católica exhortó a las autoridades a terminar con la violencia, mientras que escritores y artistas demandaron apagar la matanza.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ofició una misa por la pérdida de 49 vidas humanas de quienes dijo “son nuestros difuntos, no hay muerto ajeno”, mientras en el altar lucían las fotos de los manifestantes asesinados, como un llamado a atender las injusticias y no acallar los reclamos. Dijo que como Iglesia no están en favor de ningún movimiento político, pero al igual que la población desean la paz y que ya no haya más víctimas.

Mientras que plumas reconocidas de Perú pidieron a la mandataria escuchar las demandas de la población al advertir que el suyo es uno de los peores gobiernos en materia de violencia, pues nunca antes una administración arrancó “matando a diestra y siniestra a la gente que objeta, reclama y protesta”, por lo que pidieron a Boluarte y a integrantes de su gabinete autoevaluarse y determinar si deben o no seguir en sus cargos.