Urgen intervención policial

Aumenta presión a Dina y toman universidades

Críticos de Boluarte suman más protestas, bloqueos y actos vandálicos en varios puntos del país; reportan dos decesos más; CIDH insta al gobierno a indagar las muertes de disidentes

Uniformados y manifestantes chocan durante nuevas movilizaciones en la capital del país, ayer.
Uniformados y manifestantes chocan durante nuevas movilizaciones en la capital del país, ayer.Foto: AP
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Los amagos con colapsar la capital de Perú aumentaron con más movilizaciones, la toma de la Universidad San Marcos y enfrentamientos que provocaron la muerte de al menos dos personas, mientras crece la presión internacional contra el gobierno de Dina Boluarte.

Los llamados a la unidad de la presidenta no calmaron a los disidentes, que nuevamente chocaron con fuerzas del orden en Puno, una de las zonas más críticas en los últimos días, luego de que vándalos irrumpieran en una de las instalaciones del Poder Judicial, a la que prendieron fuego, y luego atacaron a uniformados.

Tras los fuertes encontronazos, por los que el gobierno reforzó la presencia policial, medios reportaron la muerte de un hombre y una mujer por golpes en la cabeza —al igual que otras víctimas en la misma ciudad—, aunque la Defensoría del Pueblo sólo confirmó un deceso más en comparación con las cifras de la jornada previa al contabilizar 51 en poco más de un mes de marchas.

Pero los actos violentos no se concentraron sólo en esa región. A primera hora de ayer, la rectoría de la Universidad San Marcos denunció la toma de sus instalaciones en contubernio con estudiantes, pues un grupo de alumnos esperó a los manifestantes para abrirles la puerta del sitio que convirtieron en albergue y base de operaciones de cara a las movilizaciones y paro nacional que se extenderá hasta hoy, según organizadores de las protestas con las que buscan que Boluarte deje el cargo que asumió tras el fallido intento de golpe de Estado.

Y ante esta escalada, la rectora Jeri Ramón solicitó la intervención de la Policía luego de la toma violenta de las instalaciones sin obtener respuesta. Pese a que se anticipaba un diálogo con los infractores, el plantel busca acelerar la salida de todos los vándalos que transformaron la casa de estudios en comercio donde unos cocinan mientras otros instalan camas y casas de campaña, como una especie de refugio. Punto en el que los críticos de Dina ganan adeptos, pues grupos estudiantiles adelantaron que se sumarán a las marchas.

El Estado debe realizar investigaciones serias, imparciales
y en el tiempo, y ser rápido para poder establecer
qué fue lo que ocurrió...

Stuardo Ralón, Comisionado de la CIDH

Ante esta situación, el Consejo Universitario resaltó la urgencia de retomar la seguridad de la zona, hecho por el que otras universidades suspendieron labores para evitar que esas escenas se repitan, lo que anticipa mayores protestas para hoy; por separado, el gobierno instó a las empresas a facilitar el trabajo a distancia para evitar que los trabajadores queden atrapados en las protestas, en medio del temor de que las movilizaciones detonen una nueva oleada de casos de Covid-19.

Además, hubo agresiones en otras zonas como actos vandálicos contra la vivienda del hermano de un funcionario regional de Huancavelica, mientras que otros disidentes intentaron tomar el control del Oleoducto Norperuano, lo que levantó las alertas en la región y movilizó a cuerpos de seguridad.

Al cierre de esta edición se contabilizaron 105 bloqueos en 16 carreteras, lo que muestra una mayor presencia de disidentes en vías principales hacia la capital; aunque se reportó que en algunos puntos la Policía negoció con los críticos de Boluarte para garantizar el paso de transporte de carga y de alimentos, según con Canal N.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a la mandataria realizar una investigación “seria e imparcial” por el deceso de más de medio centenar de personas, en su mayoría por impactos de arma de fuego, así como por cientos de heridos que acumula nación tras la confrontación con las Fuerzas Armadas.

A sólo unos días de que la Fiscalía de Perú abriera una investigación por genocidio contra Boluarte y su gabinete de seguridad, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) demandó también un diálogo urgente entre las partes para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes difieren del gobierno, luego de múltiples denuncias de familiares de víctimas por disparos de arma en cabeza y tórax, así como lesiones contra decenas de críticos.