Universidad Paulo Freire de Nicaragua

Se exilia rector de universidad nicaragüense

Aseguró que recibió “señales creíbles” de que su “libertad estaba en riesgo”, y que las mismas “se intensificaron en las últimas 48 horas”

Se exilia rector de universidad nicaragüense
Se exilia rector de universidad nicaragüenseFoto: Reuters
Por:
  • La Razón Online

Adrián Meza, rector de la privada Universidad Paulo Freire de Nicaragua, una de las instituciones de educación superior ilegalizadas por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, anunció ayer que decidió exiliarse en Costa Rica por motivos de seguridad.

En declaraciones a la plataforma digital Nicaragua Actual, cuya mayoría de periodistas se encuentran también en el exilio, aseguró que recibió “señales creíbles” de que su “libertad estaba en riesgo”, y que las mismas “se intensificaron en las últimas 48 horas”, por lo que, por prudencia y seguridad, decidió exiliarse.

“Uno no se puede sentar en el porche de su casa a esperar a que lo lleguen a traer”, agregó el abogado de profesión.

El miércoles pasado y con carácter urgente, la Asamblea Nacional, a petición del Ministerio de Gobernación, les retiró la licencia de operación a la Universidad Paulo Freire (UPF), así como a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), y Universidad Popular de Nicaragua (Uponic).

Un día después, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras siete universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado totalizan 14.

Según las autoridades, esas universidades incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final), entre otros.

Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que las autoridades ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018, cuando los estudiantes universitarios lideraron una ola de protestas contra el Gobierno de Ortega que fueron reducidas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la CIDH.