ONU y HRW elevan tono por “alarmante” crisis en Nicaragua

A poco más de 20 días de la embestida del régimen de Nicaragua contra opositores, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y Human Rights Watch elevaron el tono contra el gobierno de Daniel Ortega ante la alarmante crisis y clima de terror que impera en esa nación y exigieron liberar de los 19 opositores presos y garantizar elecciones justas.

La comisionada Bachelet advirtió que a tres años de la primera escalada del régimen orteguista contra manifestantes y críticos en 2018 se ha detectado un grave deterioro en el respeto a los derechos humanos.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, aseveró tras analizar a profundidad la situación en Nicaragua, pues tan sólo en las últimas horas se reportó la aprehensión del periodista Miguel Mora, del cronista deportivo Miguel Mendoza y de la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Román.

Agregó que ante las omisiones de Ortega para corregir las condiciones en la nación se demuestra que está cada vez mas lejos la posibilidad de unas elecciones libres el próximo 7 de noviembre, especialmente con un Gobierno que mantiene una persecución hacia sus rivales y promulga leyes restrictivas, acotando los derechos políticos de ciudadanos y organizaciones.

Por ello, luego de que 59 gobiernos condenaran a través del Consejo de Derechos Humanos del organismo el asedio a la oposición, demandó a Ortega cambios urgentes como la liberación de los acusados de atentar contra la soberanía nacional, entre ellos cinco aspirantes presidenciales, tras violar sus garantías procesales, así como cesar el acoso a disidentes, restablecer las libertades rumbo a los comicios y derogar las leyes restrictivas que van contra la imparcialidad e independencia electoral.

Por separado, el director de HRW, José Miguel Vivanco, urgió a la ONU redoblar la presión contra el Gobierno de Nicaragua ante la arremetida de Daniel Ortega contra opositores, pues tan sólo en las últimas 24 horas hubo dos nuevas detenciones con las que ya suman casi un detenido por día en lo que va del mes.

Asimismo, advirtió que Nicaragua se ha sumido en una “creciente campaña de violencia y represión contra la oposición y la sociedad civil”, que involucra graves violaciones a derechos humanos, tras el intento de Ortega de eliminar toda la competencia para facilitar su reelección, por lo que se requiere redoblar la presión contra este régimen, en el que suman 124 presos políticos.

Por todo lo anterior, exigió a las Naciones Unidas aplicar el artículo 99 de su Carta para frenar el clima de inestabilidad en esa región.

Este acoso con su más reciente allanamiento en la vivienda de un crítico ya provocó la salida del director del diario El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, y de su esposa Desirée Elizondo del país.

El periodista y hermano de la precandidata bajo arresto domiciliar, Cristiana Chamorro, informó en redes sociales que decidió abandonar el país para garantizar su libertad ante el asedio de las fuerzas de seguridad, mismas que mantienen vigilada su casa, la de su madre, la expresidenta Violeta Barrios, y de decenas de familiares y colaboradores, como parte del hostigamiento en época electoral, mientras otros sectores temen el mismo futuro que otros rivales políticos.

Chamorro, quien ya se había exiliado en 2019 tras el encarcelamiento de varios opositores, aseveró que fuera del país sigue la lucha y continuará dando cuenta de las violaciones que comete Daniel Ortega, quien lleva 14 años en el poder. Asimismo, exigió el cese del acoso policial y la liberación de los presos políticos.

Ante esta situación, Bachelet insistió al gobierno nicaragüense en modificar acciones y permitir el retorno de su oficina al país “para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis”.

En tanto, el Senado de Estados Unidos alista sanciones como la posible salida el país del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica luego de que el Departamento del Tesoro de ese país congelara los activos de al menos cuatro funcionarios y aliados de Daniel Ortega.

Al respecto, el legislador demócrata Bob Menéndez aseveró que habrá consecuencias contra Ortega por querer robarle al pueblo la oportunidad de tener elecciones justas, por ello prevén un paquete de medidas encaminadas a recuperar el Estado de derecho y la democracia en la nación.