Nuevo juicio a Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias

El expresidente francés Nicolás Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Aziberto serán juzgados por corrupción y tráfico de influencias en un caso de escuchas telefónicas, según ha indicado una fuente cercana a la investigación tal citada por el diario Le Monde.

La investigación se dio por finalizada en 2016, pero diversos recursos alargaron el proceso y la decisión de los jueces de instrucción, que puede ser recurrida por los afectados, se firmó hasta hoy.

Los magistrados habían intervenido el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 le llevó al Palacio del Elíseo algo por lo que, precisamente, fue imputado el pasado 21 de marzo.

Frente a esta inculpación Sarkozy ha denunciado que vive en un "infierno de la calumnia" y que no existen pruebas en las acusaciones que pesan sobre él.

En esas escuchas telefónicas, los magistrados descubrieron conversaciones entre el ex presidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez Azibert a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que éste influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.

En marzo de 2016, el Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al ex presidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado hoy.

Sarkozy tiene pendiente además otro juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012. Se trata del llamado "caso Bygmalion", una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.

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