Venezuela ordena captura de mercenario de EU que planeó incursión

La Fiscalía General de Venezuela ordenó el viernes la captura de un contratista estadounidense y dos opositores venezolanos por su supuesta vinculación con la fallida incursión armada y anunció que pedirá su extradición.

La medida fue anunciada por el fiscal general Tarek William Saab quien indicó que el Ministerio Público libró órdenes de aprehensión contra el ex boina verde Jordan Goudreau, quien se adjudicó la responsabilidad de la operación en el estado costero de La Guaira, del congresista opositor Sergio Vergara y del asesor político Juan José Rendón por el supuesto diseño y financiamiento del plan.

Saab dijo que “vamos a solicitar su extradición” ya que los acusados se encontrarían en territorio estadounidense y agregó que pedirá a Interpol que los coloque en alerta roja.

Goudreau, directivo de la empresa de seguridad SilverCorp con sede en Florida, dijo recientemente que suscribió un contrato con el líder opositor Juan Guaidó, Vergara y Rendón para derrocar al mandatario Nicolás Maduro, lo que ha sido rechazado por el también jefe de la Asamblea Nacional que ha descartado su vinculación con la frustrada incursión.

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Por su parte, Rendón manifestó esta semana a medios estadounidenses que había pagado 50,000 dólares a Goudreau por un acuerdo preliminar, que no hizo efectivo, y que implicaba la exploración de la posible captura y entrega a las autoridades estadounidenses de algunas figuras del gobierno venezolano.

Rendón negó que Guaidó haya firmado el contrato, aunque en imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que sí lo hizo.

Por la fracasada incursión armada del pasado domingo en el estado La Guaira han sido detenidas 31 personas, entre ellas los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry que estaban asociados a Goudreau, indicó Saab. Asimismo las autoridades libraron órdenes de captura contra otras 22 personas.

El fiscal general precisó que los venezolanos detenidos serán imputados por los delitos de conspiración con gobiernos extranjeros, terrorismo, traición a la patria, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir.

Por su parte, a Berry y Denman se le dictarán cargos por los delitos de terorrismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir, precisó Saab.

Los estadounidenses fueron detenidos el lunes en el poblado costero de Chuao, en el estado central de Aragua, cuando se trasladaban en un bote junto con ocho personas, entre ellos algunos oficiales desertores.

El fiscal general, cercano al gobierno de Maduro, insistió en vincular a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia con la fallida incursión, la que consideró una “moderna versión” de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba ocurrida en 1961.

Saab dijo que el plan implicaba un “desembarco camuflajeado" de los pasajeros de los botes quienes se harían pasar por civiles y bañistas para luego formar “células terroristas” y proceder a realizar “asesinatos selectivos”.

El incidente ha generado nuevas tensiones entre Caracas y Washington, que el año pasado rompieron relaciones y cerraron sus embajadas luego de que Donald Trump apoyó a Guaidó cuando se declaró en enero de 2019 presidente interino de Venezuela.

Trump ratificó el viernes que su gobierno no tuvo nada que ver con el incidente y dijo en una entrevista con el canal estadounidense Fox News que “si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela, no sería así. Sería un poco diferente. Se llamaría una invasión”.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo esta semana que “harán lo posible” para lograr la repatriación de los dos estadounidenses detenidos y planteó que si las autoridades venezolanas deciden retenerlos “utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso”.

El caso también han generado fricciones dentro de la oposición venezolana. Al condenar la operación el partido Primero Justicia exigió el viernes a Guaidó, en un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter, destituir a todos los funcionarios que en nombre del presidente del Congreso se vincularon con los actores de la incursión y “replantear” los mecanismos de toma de decisiones de la oposición.