La coordinación entre las autoridades mexicanas para combatir la piratería no ha sido suficiente, los recursos judiciales son limitados, hay una falta de investigaciones contra proveedores y de sanciones que prevengan el delito, señaló la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés); además, pese a las reformas a las leyes de propiedad industrial y de derecho de autor, la ausencia de reglamentos ha creado incertidumbre para los sectores creativos e innovadores.
“La aplicación penal de los derechos de PI, incluso en línea, sigue caracterizándose por una coordinación débil entre las autoridades federales, estatales y municipales; recursos limitados para los procesos judiciales; la falta de investigaciones sostenidas dirigidas a los proveedores de bienes y servicios falsificados y pirateados, y la falta de sanciones suficientes para disuadir las infracciones”, indicó la dependencia estadounidense en la Estimación Nacional de Comercio 2026.
- El Dato: Fueron decomisadas 25 toneladas de piratería mundialista, con valor de 15.3 millones de pesos, en el más reciente operativo por parte del IMPI en Tepito el 26 de marzo.
La USTR agregó que, en 2025, México fue incluido en la Lista de Vigilancia Prioritaria en el Informe Especial 301, porque encontró que uno de los principales obstáculos para el comercio de bienes y servicios de empresas estadounidenses es la “amplia” oferta de productos pirata y falsificados tanto en mercados físicos como en línea.
“A medida que aumenta el acceso a banda ancha, también lo hace la piratería en línea, y las partes interesadas informan que México tiene una de las tasas más altas de piratería de música y videojuegos en el mundo”, agregó.
También, destacó que, aunque el Gobierno ha realizado operativos para la protección de la PI en algunas entidades del país, en los mercados de Tepito en la Ciudad de México, el de San Juan de Dios y el Barrio El Santuario en Guadalajara, Jalisco, se continúan comercializando mercancías pirata y todavía se encuentran incluidos en la Lista de Mercados Notorios de la USTR.
La entidad estadounidense añadió que los titulares de derechos han expresado preocupación porque los procedimientos administrativos y judiciales para la protección de patentes y marcas aún son prolongados.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), señaló el lunes que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ya se realizó y que su reglamento está pronto a emitirse, por ahora se encuentra en la Consejería Jurídica para su elaboración, revisión y validación, “con eso, la parte normativa quedaría cubierta”.
Nieto Castillo dijo que el portal del Sistema de Vinculación que se lanzó entre el IMPI y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para transparentar la información sobre patentes en el sector farmacéutico también cumplirá con las solicitudes del Gobierno de Estados Unidos.
Y acotó que la Operación Limpieza, operativo para combatir la venta de mercancía pirata, ha permitido el aseguramiento de más de 9 millones de productos falsificados con un valor de más de 950 millones de pesos en diversas entidades del país.
“Estaremos cumpliendo con el tema vinculado al combate a la piratería, es una de las preocupaciones más relevantes del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estamos avanzando en todos los puntos que le corresponden al IMPI, y esperemos tener una buena calificación por parte del siguiente reporte (Informe Especial 301)”, puntualizó Nieto Castillo.
PARTICIPACIÓN LIMITADA. La USTR indicó que México ha impuesto barreras comerciales en el sector energético que limitan la participación de la iniciativa privada estadounidense, como lo es el hecho de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tengan la preponderancia al pasar de empresas productivas a públicas y diversos cambios regulatorios.
“Desde 2018, México ha adoptado numerosas medidas para lograr este objetivo, culminando en la ratificación en octubre de 2024 de una reforma constitucional para reclasificar a la CFE y a Pemex como ‘empresas públicas’ en lugar de “empresas productivas, con el fin de limitar la participación de empresas privadas en el mercado energético mexicano”, indicó el documento de la Estimación Nacional de Comercio 2026 presentada por la USTR.
Por ejemplo, en el caso de la CFE, en marzo de 2025, se publicó una reforma a la Ley de la empresa pública que incluyó la prevalencia de la comisión y el mantenimiento del 54 por ciento de la electricidad enviada por la red, así como el requisito de que en proyectos con inversión mixta posea 54 por ciento de la generación eléctrica, y “una preferencia” para generar y comercializar electricidad.
O bien el caso de Pemex, que en octubre del año pasado se publicaron reglamentos que prohíben actividades de transbordo de combustible y se favoreció “injustamente” a la empresa pública; además, se redujo la vigencia de los permisos de importación de 20 a cinco años y de comercialización de 30 a dos años, situación que no aplica para la petrolera mexicana.
Además, tras la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y el establecimiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo la supervisión de la Secretaría de Energía (Sener) se “centralizó” más la toma de decisiones.
Todos estos cambios provocan que las empresas privadas enfrenten retrasos, rechazos injustificados en solicitudes para nuevos permisos, las suspensiones o revocaciones de permisos existentes socavan la capacidad de las empresas para operar instalaciones, importar/exportar energía o combustible, y operar estaciones de servicio.
