Coparmex no ve necesaria una reforma a Ley de Hidrocarburos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que no es necesario que se haga una reforma a la Ley de Hidrocarburos para detener el huachicol fiscal, sino que se debe aplicar la Ley que ya existe.

Indicó que una reforma eficaz debería eliminar ambigüedades, generar certidumbre y fomentar la fortaleza del sector energético en su conjunto. En los términos actuales, previó que la iniciativa terminará impugnada legalmente y no cumpliría su propósito.

Hace unos días, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos contribuirá a combatir el contrabando y "huachicol" en el país, delitos que provocaron una caída en la recaudación de 20 mil millones de pesos en el primer trimestre del año.

La Coparmex manifestó su preocupación a que la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados establezca que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender los permisos, de manera temporal e indefinida (a discreción de la autoridad) ante “un peligro inminente”, sin que en ningún caso, definan claramente supuestos normativos.

Abundó que los riesgos de este proyecto de reforma están vinculados con la vulneración del Estado de derecho por disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad.

Además, se darían posibles prácticas anticompetitivas que no pondrían a los consumidores como beneficiarios principales, sino que pretenden favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) a costa de mayores precios o combustibles de menor calidad, dijo.

Aseveró que esta propuesta es particularmente relevante, pues dada su redacción, abre la puerta para que las instalaciones y permisos (de cualquier tipo) tengan necesariamente que ser operadas por Pemex.

La modificación como se presentó, instó, contempla que en caso de suspensión, la empresa estatal deberá ser la encargada de manejar y controlar las instalaciones suspendidas. 

Subrayó que esto presenta una latente posibilidad para que la petrolera nacional sea designada para tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos práctica que genera preocupaciones entre los inversionistas así como cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el respeto a las inversiones realizadas y los límites a la propiedad privada.

Argumentó que está de acuerdo en impulsar al sector energético; sin embargo, la presencia de la Iniciativa Privada puede contribuir con experiencia, mejores prácticas internacionales, y un compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho. 

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