Salvador Camarena
“¿En tu posición de gobernador qué es lo que más te preocupa?”, le preguntó un periodista poblano a Rafael Moreno Valle. ¿La oposición? No. ¿Grupos radicales ligados a la universidad? Tampoco. El mandatario de Puebla respondió que lo que más le apura son los desastres naturales. “¿Por qué?”, insistió el periodista. “Porque a ésos sí no los puedo controlar”.
A punto de cumplir un año en el cargo (tomó posesión el 1 de febrero de 2011), Moreno Valle se ha afanado en este arranque de su gestión en promover el relanzamiento de Puebla a nivel nacional, iniciativa que también podría posicionarlo como un protagonista del siguiente sexenio. En los últimos días su gestión ha ganado notoriedad por las acciones judiciales en contra de colaboradores de Mario Marín, pero también por la polémica en torno del alto costo que implica en Puebla tener copias certificadas en las solicitudes de información (80 pesos por cada copia), que ha sido calificado por el IFAI como un obstáculo para la transparencia, caso que ayer aceptó revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Poblanos consultados dicen que el estilo de Moreno Valle les recuerda al de Manuel Bartlett. Autoritario y controlador, dicen algunos, pero con una obsesión en la eficiencia, agregan otros. Emprendedor también, apuntan. La celebración del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, que se espera espectacular, será un ejemplo de cómo quiere que vean a Puebla. Y la pugna con el empresario Ricardo Henaine, que ha perdido posesión de inmuebles, ha dado muestra de su determinación.
Y en el inminente proceso electoral el mandatario que es ahijado político de Elba Esther Gordillo tendrá ocasión para hacer sentir su influencia. En la pugna por la senaduría el PAN (Javier Lozano), el PT (Manuel Bartlett) y el Panal, que podría lanzar al diputado local Guillermo Aréchiga, buscarán aprovechar los golpes al marinismo. ¿Quién va a tener el voto del gobernador?
En Puebla queda claro que es imposible que los presuntos enriquecimientos inexplicables del ex secretario de Salud, Alfredo Arango, y el titular de Obra Pública, Javier García Ramírez, ocurrieran sin que Mario Marín supiera del actuar de personas que son consideradas de su círculo más cercano. La duda es hasta dónde va a llegar Moreno Valle en ese renglón.
Moreno Valle ha dicho que el exorbitante precio de las copias certificadas lo puso el gobierno antecesor y que se dejó esa tarifa porque calculan en ese monto el costo de procesar tales copias. Curioso argumento de un gobernante que por un lado ha querido distinguirse de Marín y por otro lado —si hemos de creerle— privilegia a rajatabla un modelo gerencial antes que asumir como necesario y pertinente el gasto de lo que implica la transparencia.
De cómo resuelva Moreno Valle el asunto de los 80 pesos por copia certificada y de hasta dónde llegue en el tema del combate a la corrupción depende que en el país se deje de pensar en Puebla como un estado gobernado desde modelos de nuestra prehistoria política.
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