Columna invitada
Por Moisés Alcalde Virgen*
“Cuentas claras, amistades largas” reza el refrán que hoy viene a cuento por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), propuesta del Presidente Felipe Calderon que ha sido aprobada por la Cámara de Senadores y cuyo objetivo es transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
A través de esta ley, aprobada en el 2008, el Congreso estableció principios y criterios para armonizar, homologar y estandarizar los registros de las transacciones y la presentación de la información financiera de la Federación, estados, municipios, organismos autónomos y el sector paraestatal.
De ella se desprende la transformación de la administración del sector público. Al hacer obligatorios la emisión de información financiera en tiempo real, el registro automático del presupuesto y la contabilidad en el lugar donde se realiza la transacción, de acuerdo a las distintas etapas que existen en el gobierno para ejercer el gasto público, se somete la administración pública a un cambio sustantivo de paradigma.
La Ley de Contabilidad requiere un amplio conocimiento técnico en finanzas públicas y quizá no sea tan atractiva o conocida por la ciudadanía, pero es, por mucho, una de las leyes de mayor impacto, profundidad y trascendencia para México pues representa uno de los mecanismos más eficaces para construir mejores gobiernos.
De su observancia rigurosa se obtiene mayor y mejor información financiera para tomar decisiones. Se agiliza y hace más eficiente el ingreso y gasto público, optimizando los distintos programas de gobierno.
Además, es un mecanismo anti-corrupción poderoso. La trasparencia y la posibilidad de rendición de cuentas al cumplir con la Ley aumentan en forma significativa.
Esta reforma representa un área de oportunidad magnífica para dotar a estados y municipios de mayores herramientas para enfrentar los retos que atraviesan en materia financiera. Es, además, ocasión para que la ciudadanía conozca con profundidad las razones por las cuales los gobiernos gastan como gastan.
Para evitar la corrupción la transparencia es la segunda característica esencial de la reforma, ya que reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las decisiones del gobierno.
En tal sentido, la reforma garantiza que los gobiernos federal, estatal y municipal hagan públicos el proceso presupuestal de ingresos y gastos, la información financiera hasta de seis años atrás, y la evaluación del desempeño de los programas.
La ley establece también obligaciones que cambiarán prácticas perniciosas del gobierno, ya que las cuentas bancarias donde los municipios y estados reciben fondos federales se deberán registrar en la Tesorería de la Federación. Lo anterior sin la posibilidad de realizar traspasos entre cuentas de ninguna índole y dando acceso a los órganos de fiscalización de dicha información.
También transparentará el ejercicio del gasto dando seguimiento al gasto en educación, salud y fondos de aportaciones. Para ello exige reportar nombres, plazas, pago de nómina y personal comisionado.
Esto obligará a contar con un registro detallado de información básica que, increíblemente, no es pública. Requerimos mejores métodos de medición sobre la eficiencia y eficacia del gasto.
Veamos en esta reforma la oportunidad del México de futuro, donde construyamos el gobierno que ciudadanos y gobernantes merecemos.
*Socio de Asesoría Ernst & Young
Moises.Alcalde@mx.ey.com
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