Julián Andrade
El indulto que el Presidente Enrique Peña Nieto le otorgó al profesor Alberto Patishtán es una buena noticia, porque corrige una injusticia y manda el mensaje de que con voluntad se pueden hacer las cosas.
Pero es también una muestra de las debilidades del sistema de procuración y administración de justicia. Con el caso Patishtán fallaron todos, los ministerios públicos, los abogados defensores y los jueces.
La averiguación previa en contra del profesor chiapaneco es un verdadero desastre. Se utilizaron pruebas ilícitas, hay contradicción en los testimonios, el acusador principal fue inducido, por citar sólo algunas.
Cualquiera de ellas es una violación al debido proceso y hace imposible que se llegue a una conclusión imparcial.
Las sentencias, por consecuencia, son terribles por sus implicaciones de fondo y por la ausencia de una verdadera reflexión al respecto.
Por eso el Presidente Peña Nieto tomó la determinación de liberar a Patishtán, a sabiendas de que es un procedimiento delicado y de carácter excepcional.
Lo hizo amparado en un estudio cuidadoso del expediente, atendiendo la gravedad de la situación y las consecuencias que se podrían y se pueden generar, más allá del sentido de la decisión.
Algunos críticos a la medida y no pocos escépticos piensan que esto motivará que se tenga que aplicar el indulto en decenas de casos que pudieran ser similares.
No será tan sencillo, porque la situación de Patishtán es bastante especial y significó, desde hace años, un verdadero atolladero para autoridades y juzgadores.
Sin la presencia de organizaciones de la sociedad civil y la persistencia de familiares y amigos, exigiendo que se revisara la actuación de las autoridades, es probable que Patishtán hubiera terminado sus días en prisión, ya que estaba condenado a 60 años y había cumplido 13 de ellos.
Pero también sería así sin la aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados de una adición al Código Penal que amplía las facultades del Presidente de la República para indultar, más allá del delito, cuando hay evidencias de violación a los derechos humanos.
En el fondo, los legisladores reconocen que existen momentos en que se requiere de la decisión del poder ejecutivo, en aras de reparar el daño y hacer que impere la justicia.
Y no debemos perder de vista la voluntad del gobierno para hacer algo al respecto y no administrar la crisis o culpar a otros.
Todas estas variables se conjugaron para hacer posible el indulto.
Sin embargo, la liberación de Patishtán no se puede quedar ahí, y lo más relevante es que se corrija, a nivel institucional, todo lo que no funcionó, para que no se repita. Hay lecciones que tienen que ser aquilatadas por todos los involucrados, ya que significaron un daño para la imagen del país y, lo más importante, una verdadera injusticia para quien pasó una década y tres años tras las rejas, porque nunca tuvo la oportunidad de defenderse de la manera adecuada.
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