Mauricio Flores
Algo que no pueden entender en el corporativo mundial que encabeza Dieter Zetsche es cómo en un tribunal laboral federal mexicano, sin concederle el derecho de presentar pruebas, les sentenció a pagar 63 millones de pesos a un ex empleada, Claudia Macías Ramón. Si alguien entiende, que también se lo comunique el secretario del trabajo Alfonso Navarrete Prida.
Macías Ramón trabajó 20 años en Daimler (nominada en 2013, como una de las 10 mejores empresas para trabajar) e inició el pleito hace siete años cuando dejó de ser directora de recursos humanos, reclamando un salario mensual cercano a los 750 mil pesos al juntar todos y cada uno de los ingresos —más salarios caídos— por cada una de las posiciones que ocupó en la compañía… y le agregó un supuesto incremento salarial prometido de 33 por ciento, por lo que su reclamo subiría a 100 milloncitos. La quejosa tiene como respaldo legal —que no representante— a Tomás Natividad y la sentencia que le fue favorable fue emitida por el Tribunal Colegiado 11 que conforman los magistrados Mauricio Barajas, Aristeo Martínez y Ángel Ponce… que por una cuestión procesal negaron la presentación de pruebas a Daimler. Los abogados de la automotriz aseguran que el salario de su ex empleada final fue de 85 mil pesos y que ofrecieron 12 millones de pesos como conciliación.
Tras su derrota, Daimler presentó demanda penal contra Macías Ramón, expediente radicado en el Reclusorio Norte, por falsedad de declaraciones en el juicio laboral. El asunto tiende a tomar mayores proporciones.
IFT y la transparencia. Es saludable el ánimo con que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que encabeza Gabriel Contreras, busca transparentar su proceder en sus tres primeros meses de vida, pero resulta aún insuficiente para enfrentar y darle marcaje personal al monopolio del sector cuando menos en dos sentidos. Uno, que ni la autoridad ni los consumidores saben cómo se construyen las tarifas que aplica Telmex y que, extrañamente, desde 1998 esté clasificado de confidencial el Reporte de Calidad de Servicios cuando se trata de una obligación en su título de concesión… mientras que Telmex USA sí hace pública esa información. Dos, la relación real entre Telmex y Dish pues es sabido que la empresa, de Joaquín Vargas, se apoya en la infraestructura de comercialización, cobranza e instalación de la que encabeza Carlos Slim, lo cual podría conformar un “triple play” no autorizado a la telefónica y una eventual concentración preponderante. El IFT debe ir a fondo o será un ente bien intencionado pero irrelevante.
Señal pirata. Por cierto, a unos días de que el IFT se pronuncie sobre el mustoffer y mustcarry, TV Azteca, de Ricardo Salinas, señala lo ya sabido: Dish hace una interpretación mañosa de la Reforma de Telecomunicaciones para tomar indebidamente la señal de Canal 13 y 7 que ofrece supuestamente gratis a sus suscriptores cuando en realidad ya aumentó sus tarifas. El equivalente a robo de fluido, también viola los derechos de anunciantes locales, derechos de autor, de los realizadores de contenidos y de los televidentes.
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