Julián Andrade
Cuando tomó posesión, el presidente Ernesto Zedillo se comprometió a resolver el crimen de Luis Donaldo Colosio. Para ello nombró como procurador general de la República a Antonio Lozano Gracia, un destacado miembro del Partido Acción Nacional.
La idea era dejar claro que se procedería a una investigación sin los dados cargados y sin que interfirieran otros intereses que no fueran los de conocer la verdad.
Por supuesto que no fue así, y en primer lugar porque el procurador designó a Pablo Chapa Bezanilla como el fiscal del caso. Un error grave, que sembraría de dudas las indagatorias, porque el asunto se convirtió en un pretexto para ajustar cuentas políticas.
Las pifias fueron muchas y el 31 de agosto de 1996 el presidente tuvo que designar a un jurista que desenredara el asunto y estableciera con claridad las responsabilidades de lo ocurrido el 23 de marzo de 1994, cuando Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana.
Por eso llegó a la subprocuraduría encargada de la investigación, el hasta entonces visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
Cosas de la vida, meses después se convertiría en procurador el ombudsman nacional, Jorge Madrazo Cuéllar, jefe de González Pérez en la institución protectora de los derechos fundamentales.
El grado del estropicio era tal, que se tuvieron que establecer 26 líneas de trabajo para resolver y aclarar historias alrededor del caso, como la identidad de un sexto pasajero en el avión Learjet 35A que trasladó a Mario Aburto, el autor del crimen, a la ciudad de México. El viajero misterioso fue el médico Armando Paniagua Michel.
También se investigaron 15 homicidios que supuestamente estaban vinculados con lo ocurrido en Tijuana, algunos de ellos de comandantes de la Policía Judicial Federal como Isaac Sánchez Pérez y José Luis Larrazolo.
Se indagó la muerte de Ernesto Rubio Mendoza, un mecánico que recibió dos disparos horas después de la muerte de Colosio también en Tijuana, y a quien le atribuían un parecido físico con Aburto.
A José Federico Benítez López, quien fue director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, lo mataron junto con su escolta el 28 de abril de 1994.
Benítez López se encargó de acordonar la zona donde se realizó el último mitin de Colosio y elementos a su cargos escoltaron a la camioneta en la que se trasladaba al candidato presidencial herido.
El delegado de la PGR en 1994 en Baja California, José Arturo Ochoa Palacios, cayó abatido por diversos disparos mientras hacía ejercicio en las instalaciones deportivas del CREA de Tijuana. En este caso se estableció con claridad que los asesinos fueron sicarios de los hermanos Arellano Félix.
En ninguno de estos asuntos se probó vinculación alguna con el crimen de Colosio, pero alimentaron el imaginario colectivo durante meses.
Algo similar se tuvo que hacer con cada inquietud, como la identidad de Aburto que, aunque parezca increíble, se puso en duda.
Son ya 20 años de aquella tarde de mala memoria y no faltan oportunistas que buscan sacar provecho del drama, sembrando dudas y cosechando desencuentros.
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