Este viernes Promtel, entidad pública a cargo de Fernando Borjón, planea aportar el bloque de 700mhz al consorcio Altan, liderado por Eugenio Galdon, y así arrancar la asociación público-privada de la Red Compartida de Banda Ancha con una inversión superior a 7 mil millones de dólares… en tanto que los “expertos” del Peje proponen vender el avión presidencial para según ellos ofrecer Internet en todo el país.
Y no se trata sólo de una diferencia abismal de cálculo, entre un sofisticado modelo de negocios y las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador, sino esencialmente una diferencia de concepto de país y economía. Por un lado, la asociación Promtel-Altan parte del concepto de neutralidad competitiva de un carrier de carriers que igual venderá capacidad a América Móvil de Carlos Slim que a AT&T de Randall Stephenson; por otro, el concepto morenista de crear una paraestatal que competiría abiertamente en el suministro de servicios de conexión de datos a un precio cercano a cero, que implicaría el eventual y abundante subsidio público y una competencia desleal a los proveedores privados.
De los cálculos, ni hablar: la venta del B-787 no sólo resultaría ruinosa por las penalizaciones que aplicaría el proveedor Boeing y recolocar un avión de segunda mano, y aun obteniendo 8 mil millones de pesos, ello sólo representaría 10% de lo requerido para una red de alta velocidad de 30Mhz, que alcance al 93% de la población… a menos que el plan del tabasqueño sea ofrecer un servicio chafa, con señal inestable y de baja velocidad, como lo hacían las paraestatales de viejo cuño.
En el mar la vida es más sabrosa. Y quien no se amilana en un contexto económico retador es Raúl Beyruti, pues su consorcio GINgroup, junto con Vicente Torres, relanzó el restaurante Goleta Interlomas, agregando así una pieza más a su unidad de negocios gastronómicos (40 restaurantes y 25 que se agregarán entre 2017 y 2018), una plataforma adicional de empleos especializados a través de su Centro Operativo Interlomas.
Camioneros negocian IEPS de gasolina. El alto nivel de inflación registrado en la primera semana de enero, empieza a reflejar el impacto del llamado gasolinazo en toda la cadena de producción-distribución de bienes y servicios, empezando por el autotransporte de carga y pasajeros. De ahí que la Canacar que lidera Rogelio Montemayor y la Canapa que representa Jaime Delgado, hayan empezado a negociar con la SHCP de José Antonio Meade, la acreditación del IEPS no solamente respecto al ISR (pues la base gravable de la Renta no alcanza a neutralizar el alto nivel del Impuesto Especial) sino que se pueda acreditar respecto al IVA con posibilidad de devoluciones como sucede en el caso del 16% al valor agregado. El beneficio de acreditar el IEPS ya existe y su objetivo es promover la formalización de las empresas de transporte, al aminorar el costo de los combustibles… y de ampliarse la acreditación hacia el IVA bien puede servir para atajar las presiones inflacionarias.
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