La Fiscalía General de Quintana Roo ha mostrado el tino de un chivo en cristalería: en el momento en que los periodistas mexicanos sienten mayor inseguridad para ejercer su trabajo, pretende consignar a reporteros por haber grabado y transmitido un suceso noticioso.
Vamos, ayer mismo 60 medios se pusieron de acuerdo para publicar un desplegado conjunto titulado Basta Ya, exigiendo un alto a la violencia en contra de los informadores y denunciando “la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea”.
Sin embargo, en este contexto se le ocurre a la Fiscalía General de Quintana Roo fincar responsabilidades a periodistas que hicieron su trabajo al grabar agresiones y el intento de linchamiento en contra del ruso Aleksei Makeev, conocido en las redes sociales como #LordNaziRuso, en Cancún.
Resulta cuando menos inquietante la ignorancia del fiscal quintanarroense Miguel Ángel Pech Cen, porque está cometiendo un error legal que es de primaria: consignar a periodistas por transmitir hechos equivale a coartar la libertad de prensa.
Para empezar, quienes tienen que ser consignados son los policías que abandonaron el lugar de los hechos porque entendieron que no había delito qué perseguir en la reyerta de una multitud contra Aleksei Viktorovich Makeev, quien hizo expresiones racistas contra mexicanos en las redes sociales.
Una veintena de ciudadanos ofendidos asaltó con palos y pedradas la casa de #LordNaziRuso y éste mató a un joven a puñaladas. La multitud logró sacarlo de la casa y golpearlo hasta dejarlo en la calle, ensangrentado, sin conocimiento y en estado grave.
La ocurrencia del fiscal Pech está en que “analizaremos fincar responsabilidades a quienes grabaron las agresiones, como se hace constar en redes sociales”. Entre quienes grabaron hay periodistas que usaron un dron para tomar imágenes aéreas y transmitirlas por Internet o televisión.
Olvida, o no sabe este señor, que el periodismo nacional se encuentra hoy más que nunca en riesgo, que vivimos una época en la que sólo en los primeros cinco meses de este año seis han sido asesinados por comunicar; y muchísimos viven amenazados de muerte por lo mismo.
Y ahora viene la Fiscalía General de Quintana Roo a amenazar a periodistas con encarcelarlos. Es algo que en nada ayuda al gobierno del estado, como tampoco lo ayudó la expresión de corte fascista de su secretaria de Educación, al afirmar que no quiere que nazcan niños con discapacidad.
Con su expresión, Marisol Alamilla violó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el paradigma de inclusión y de derechos humanos. Y, al amenazar a periodistas, Miguel Ángel Pech Cen responsabiliza a los medios de las omisiones del gobierno estatal.
Pero ahí siguen ambos: campantes bajo el sol del Caribe.
Twitter: @ruben_cortes
