“Una cosa no es justa por el hecho de
ser ley. Debe ser Ley por que es justa”.
Monstesquieu.
El derecho nace como un acto de potestad o de autoridad de quien tiene la facultad para dictarlo y debe de ser obedecido y aplicado. La aplicación del derecho debe darse al caso concreto, por lo que la norma se individualiza cuando el Juez la aplica a un caso en particular, por lo tanto siempre debe de existir una conexión entre la norma y el hecho en particular. En virtud de que las normas contienen preceptos abstractos y generales y los hechos son concretos y particulares, cuando se ejecutan se tienen siempre que adecuar al caso individual.
Así tenemos, que corresponde al Poder Legislativo el dictar las leyes, y al Poder Judicial la aplicación de las mismas, la cual debe de darse de forma imparcial y equitativa; de ello se deriva la famosa frase latina “dura lex, sed lex” que se traduce como “dura es la ley, pero es la ley”, por lo que la aplicación de las leyes no debe de depender de la voluntad de nadie, si no que el propio aparato de justicia de forma automática debe de aplicarlo automáticamente e imparcialmente.
Lo anterior viene a cuenta, porque en las últimas semanas, por motivo de las precampañas a la Presidencia de la República, hemos escuchado algunos de los candidatos señalar que cuando sean Presidentes van aplicar todo el peso de la Ley contra los actos de corrupción, también han dicho que no habrá tolerancia alguna contra los corruptos; en otros casos han señalado que no habrá persecución alguna contra los que hayan cometido algún acto de corrupción, que no habrá cacería de brujas, todas estas declaraciones muestran que la aplicación de las leyes en México es a contentillo y que se puede aplicar discrecionalmente la ley a voluntad del gobernante en turno.
Cabe mencionar que la aplicación del derecho no depende del Presidente de la República, y que el poder judicial es un poder independiente y autónomo, por lo que ahora es tiempo para que aproveche la escasa legitimidad del ejecutivo y se fortalezca, que recobre su independencia perdida, que no entre al juego del Presidente y de los candidatos a la Presidencia, y que sus sentencias se apeguen a la ley y no se politicen, que nos demuestren que están por encima de las disputas partidistas y contribuyan a hacer un país de leyes.
Por todo lo mencionado, debemos de señalar a los candidatos a la Presidencia que la aplicación de las leyes no depende de ellos, y que no se puede negociar su aplicación, puesto que depende del Poder Judicial, al cual le corresponde equilibrar la balanza de la política y el derecho, y sólo tienen que aplicar el derecho sin concesiones.