El diccionario de la Real Academia Española, define incertidumbre como “falta de certidumbre”, certidumbre como “certeza” y certeza como “conocimiento seguro y claro de algo”, por lo que comúnmente se utiliza incertidumbre como falta de certeza o del conocimiento claro de algo.
Por lo anterior, tenemos que la incertidumbre jurídica es aquella que se presenta cuando existe una falta de claridad respecto de la situación jurídica que guarda una persona en relación con algún asunto, generando dudas sobre la legalidad o legitimidad de ciertos actos.
En nuestro país las autoridades son expertas en generar situaciones de incertidumbre jurídica, no sabemos si por falta de pericia, por dolo o mala fe, pero en esta situación tenemos varios asuntos de gran importancia, como son los casos de Odebrecht, de César Duarte y el de Ricardo Anaya.
En el primer caso, el de la investigación por corrupción y lavado de dinero que entregaron directivos de la empresa Odebrecht a diferentes gobiernos en Latinoamérica, en donde las autoridades de diversos países, han realizado investigaciones, por la cual hace unos días renunció Kuczynski a la Presidente del Perú; en México se denunció que un alto funcionario de Pemex habría de haber recibido seis millones de dólares, por ello la Procuraduría General de la República a cargo de Raúl Cervantes realizó una investigación, que según sus propias palabras dejó concluida al renunciar al cargo; sin embargo, hasta la fecha no la conocemos y estamos en una incertidumbre jurídica.
En el segundo caso tenemos a César Duarte, a quien han denunciado por diversos desvíos de dinero y otros delitos, de los cuales la PGR lo ha exonerado de algunos de esos delitos, mientras que la FEPADE no ha concluido con su investigación, y la Fiscalía de Chihuahua, quien ha girado orden de aprensión en su contra, no ha presentado una investigación clara y profunda, todo permanece en la incertidumbre jurídica y solo ha sido utilizada para cuestiones políticas por las diferentes autoridades.
En el tercer caso tenemos a Ricardo Anaya, que es investigado por presunto lavado de dinero, derivado de la venta de una nave industrial localizada en el Estado de Querétaro, que realizó la empresa Juniserra, S.A. de C.V., de la cual Anaya era el accionista principal, a favor de la empresa Manhattan Master Plan Development, S. de R.L., la cual fue declarada como empresa fantasma por el SAT, el pasado 16 de febrero. Se dice que el dinero con el que esta empresa pagó el precio de la venta fue trasladado por diversos paraísos fiscales, sin que hasta la fecha se haya aclarado todo ello.
Al respecto en una mesa de debates realizada el 22 de marzo pasado, en la Facultad de Derecho de la UNAM se discutió la situación jurídica de Ricardo Anaya, en la cual se concluyó que con los elementos que se conocen en los medios de comunicación, la PGR puede vincularlo a proceso; sin embargo, hasta la fecha permanece en la incertidumbre jurídica su situación, resultando muy peligroso para su candidatura y para la democracia del país, por lo que es urgente aclarar su situación.