Seguramente que quienes a lo largo de varios meses exigieron el sexenio pasado y a principios de éste, un fiscal general de la República autónomo e independiente que finalmente no lo fue, no esperaban que el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, intentaría conformar una Suprema Corte de Justicia “carnal”, y con ello eliminar el único posible contrapeso que tendría en el Poder Judicial ya que el Legislativo tiene mayoría de su partido.
Así parece ser por la terna que envió al Senado en la que figuran tres abogadas, que han estado vinculadas directamente a su Movimiento Regeneración Nacional, ocupando cargos de elección popular o que contendieron por alguno de ellos o a alguno de sus cercanos e influyentes hombres de confianza.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Siguen las severas críticas al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, quien como presidente del Consejo Directivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, no sólo se atribuyó facultades que no le correspondían y que fue una flagrante violación a la Ley de Instituciones Nacionales de Crédito, sino a confirmar recortes salariales y de personal, a pesar de que aquél es autosustentable y ni recursos públicos recibe del gobierno.
Sin estar siquiera en la orden del día de la sesión de Bancomext, el funcionario incumplió incluso la instrucción del Presidente López Obrador de que la reducción de percepciones se aplicara solamente en los tres primeros niveles, no en los demás, como lo anunció, por lo que le creó oootro problema más de los muchos que aquél enfrenta.
El titular de Hacienda no sólo cesa de manera fulminante al director general jurídico adjunto, Jorge Mauricio Di Sciullo, al que Eugenio Nájera, director general del Bancomext y Nafin, cuya fusión se dio a conocer semanas antes, se proponía ratificar en ese cargo, sino que designó a otros, lo que sólo compete a éste.
La dirigencia sindical del Bancomext, que encabeza José Flores Morales, y quien semanas y meses anteriores a la sesión del Consejo Directivo advirtió la ilegalidad que se pretendía cometer contra el personal que agrupa su organización al privarlo de todo tipo de prestaciones y hasta del servicio médico que el mismo banco le proporciona con sus propios recursos, emprendió la defensa legal de éste ante la arbitrariedad y violación a sus derechos laborales.
Por esa proclividad a viajar en vuelos comerciales, el Presidente López Obrador volvió a quedar varado en el puerto de Veracruz de donde iba a regresar ayer a la Ciudad de México después de concluir en Córdoba su gira de fin de semana por aquella entidad por lo que tuvo que hacerlo por carretera para no esperar tres horas el vuelo de Interjet que debió abordar.
