Con todo y que la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, sitiada por contingentes de la CNTE, logró que se aprobaran sin cambios las leyes secundarias de la Reforma Educativa, sus dirigentes seccionales anunciaron que se concentrarán hoy en los alrededores de la sede del Senado de la República, en Paseo de la Reforma, donde los integrantes de las comisiones analizan apenas las minutas recibidas de San Lázaro.
La consigna de los dirigentes seccionales de la disidencia magisterial a sus militantes es la misma que dieron a sus huestes desde la noche del miércoles en la explanada de la sede de San Lázaro: no se muevan, hasta que los senadores ratifiquen lo aprobado por los diputados, sin quitarle ni una coma a esas leyes, que ellos acordaron en Palacio Nacional.
DE ESTO Y DE AQUELLLO…
Con la acostumbrada violencia cada vez que se acerca la fecha de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que este jueves cumplirá cinco años de ocurrida, grupos de estudiantes que acompañaron a madres y padres de ellos vandalizaron la sede del Poder Judicial en Iguala, el municipio guerrerense en el que fueron levantados por policías y sicarios de grupos criminales.
Igual que en anteriores ocasiones, los familiares de los que eran estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos exigieron que éstos sean “presentados con vida, como se los llevaron”; esperanza que se alentó tras esa declaración del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, de que de acuerdo con las nuevas investigaciones podrían estar en algún lugar de Guerrero.
Para recordar lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala se organizan marchas en diversas municipios guerrerenses, así como en la capital de Guerrero y de la República, y en las de otras entidades federativas, donde se espera que el propio funcionario dé a conocer los avances del caso que, según se anunció, comenzaron de cero.
En respuesta a la invocación presidencial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, de que “por interés nacional” se revoquen las suspensiones definitivas por los amparos presentados por el colectivo #NoMásDerroches, éste señaló que lo único que el Poder Judicial hizo fue detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y rechazó que eso afecte la seguridad nacional, el interés social o el orden político del país, como se pretende hacer creer.
Advierte que de revocarse esas suspensiones, como lo propone el Ejecutivo Federal, “se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario”.