Las grietas que genera el pleito con el Poder Judicial ya son de una profundidad que pueden significar que se precipite un derrumbe que de todas formas ya está en curso. Pero en una crisis como la que ya se transita, la intensidad y la velocidad importan.
La Suprema Corte ya no funciona a cabalidad, porque no se le respeta, y esto genera incertidumbre y siembra toda clase de problemas.
La muestra más reciente de esta situación es la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó a la Mesa Directiva del Senado el llevar a cabo la tómbola para definir las candidaturas que correspondía validar al Comité establecido por la propia Corte y cuyos integrantes renunciaron, porque se vieron atrapados entre suspensiones definitivas dictadas por juzgados de amparo, que ordenaban parar los trabajos y por los apremios de la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, para que continuara el procedimiento de selección.
Se impuso el TEPJF y no porque tenga razón, que la puede tener, sino porque lo que opinen los ministros, que estaban por evaluar el asunto, ya pasó a un segundo plano, y más aún si esto puede contrariar a lo que son anhelos de quienes cuentan con la mayoría política en el país.
Por lo pronto, los listados por el Poder Judicial irán a las urnas sin que se certificara su idoneidad, algo que viola el procedimiento establecido en la Constitución.
La magistrada Janine Otálora, quien se pronunció en contra y emitió un voto particular, esbozó la gravedad al señalar que el cumplimiento de una sentencia de un tribunal constitucional implicará, en este caso, dejar de acatar la Constitución.
¿La Corte estaba impidiendo la elección? En modo alguno, ese momento jurídico y político quedó enterrado cuando se desechó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, que daba una salida decorosa e inteligente a una situación que no ha hecho sino complicarse.
Hasta para el más entusiasta impulsor de la designación de jueces por voto popular, deben existir dudas sobre la idoneidad, no sólo del procedimiento, sino de la reforma misma.
Los problemas se van acumulando, y en lugar de buscar la forma de resolverlos se opta por una suerte de fuga hacia adelante.
Pensamiento mágico le llaman a eso, y no aplica para nada en asuntos terrenos.
Esperar a que la Corte resolviera la contradicción de criterios, habría funcionado como un pavimento al de suyo accidentado camino por el que se transitará en los próximos meses. ¿Qué pasaría si al final se da la razón a los jueces de amparo?
En el TEPJF se optó por el acelere, en una mezcla de cálculo y complacencia, pero no hay duda de que vendrán las quejas, de los mismos impulsores de lo que ahora ocurre, cuando repelen, que ya lo hacen, de perfiles que no les gustan.
Habrá elección, ya lo sabemos, pero nada costaba intentar hacerla menos accidentada.