La Constitución de la Ciudad de México cumplió ocho años. Es de celebrarse, por supuesto, porque en los pliegues de la hechura del texto que sirve de guía a la capital del país, se puede constatar uno de los trabajos políticos más refinados de las últimas décadas.
Es más, en estos días de incertidumbre, parecería o es imposible el pensar en convergencias de los grupos mayoritarios con los opositores.
Pero el 2016 y el 2017, más allá de sus dificultades, permitieron una de las transformaciones más significativas en la vida de los chilangos.
Rocha Cantú en París
En efecto, el gobierno de Miguel Ángel Mancera logró que se quitaran los frenos que detenían el desarrollo democrático, algo que resultaba indispensable para la gobernabilidad del espacio urbano más relevante del país.
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó el reto, aunque se diseñó un Constituyente mixto, con participantes electos en las urnas y con otros tantos designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por la Jefatura de Gobierno.
Augusto Gómez Villanueva, en la sesión solemne que se realizó en el Congreso de la Ciudad de México, el 5 de febrero, señaló que se logró “un paréntesis en la lucha ideológica para hacer valer el diálogo y la reflexión”.
Y añadió que por encima de las diferencias “el régimen democrático hizo posible el ejercicio pleno de la libertad de expresión de sus ideales y de la trasparencia de sus pensamientos”.
Gómez Villanueva recordó que, en el ámbito presidencial de aquel entonces y en el PRI, comprendieron que “sólo el diálogo y la negociación permitirían el reconocimiento mutuo a los grandes avances que requería la incursión de México en la globalización”.
Después de todo, con la Constitución terminó lo que Alejandro Encinas describe como los últimos vestigios del Departamento del Distrito Federal, al dar por concluido el ciclo de las delegaciones para iniciar el de las alcaldías.
Un aspecto, nada desdeñable, consistió en la madurez política que imperó durante todo el proceso, alejándose de posiciones extremas y construyendo una mayoría calificada que hizo posible la aprobación de uno de los textos constitucionales más avanzados, categoría que se le reconoce inclusive en el ámbito internacional.
Y fueron precisamente esos acuerdos, los que permitieron enfrentar las 66 impugnaciones (de 71 artículos) que hizo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de Peña Nieto, cuando se dieron cuenta de que la Constitución capitalina rompía con muchos de los moldes del constitucionalismo tradicional y abría la puerta a un desarrollo político distinto, centrado en la dignidad de las personas y la protección a los derechos humanos.
Las controversias no prosperaron, porque se litigaron de modo adecuado y porque en el Poder Judicial respaldaron el trabajo del Congreso Constituyente.
Falta mucho por hacer, ahora sabemos que la democracia es, en nuestro país, una estructura frágil, pero también que la política puede ser la solución, la vuelta al camino del diálogo y el acuerdo.
