En su libro How to Hide an Empire (2021), el historiador Daniel Immerwahr sostiene que, desde el siglo XIX, la posesión de territorios de ultramar y, específicamente, de bases navales o estaciones militares, ha sustentado la condición imperial de Estados Unidos. La bahía de Guantánamo, en la costa suroriental de Cuba, es uno de esos sitios, que en estos días comienza a vivir su enésima metamorfosis.
Guantánamo se incorporó a la jurisdicción de Estados Unidos en 1903, a un año de fundada la primera república cubana. Aquella república, nacida tras cuatro años de ocupación militar y gobierno interventor de Estados Unidos, tuvo un apéndice constitucional conocido como Enmienda Platt, que concedía a Washington derecho a invadir la isla.
Esa Enmienda, promovida en 1901, es decir, antes de que Cuba fuese independiente, contemplaba la instalación de bases navales y carboneras de Estados Unidos en territorio insular. El Convenio de 1903, por el cual aquella república cubana autorizaba el arrendamiento de zonas de tierra y agua de Guantánamo —y también de Bahía Honda— para la construcción de la base, tuvo un origen colonial.
Colosio, MC y el 2030
En aquel documento, firmado por el Secretario de Hacienda de Cuba, José M. García Montes, y el enviado plenipotenciario de Teddy Roosevelt, Herbert G. Squiers, se estipulaba que Estados Unidos pagaría a Cuba 2000 dólares al año. Un acuerdo previo de los presidentes Estrada Palma y Roosevelt, convino que Estados Unidos reconocía la “soberanía última” de Cuba sobre la base, pero ejercía “jurisdicción y control” mientras durase el arrendamiento.
Como en otros dominios de Estados Unidos, el arrendamiento fue planteado “mientras fuese necesario”, pero nunca se descartó una revocación por acuerdo mutuo. Tras el triunfo de la Revolución de 1959, el gobierno cubano dejó de cobrar la renta, cuyo monto hoy está por encima de 4000 dólares al año. Alguna vez Fidel Castro señaló que en 1959 se cobró “por error”, pero luego dejó de hacerse.
La confrontación entre Estados Unidos y Cuba ha impedido una cancelación o renegociación de los términos del convenio de 1903. En 1962, cuando la Crisis de los Misiles, Cuba incluyó dentro de las cinco condiciones para una negociación con Estados Unidos, la recuperación de la plena soberanía sobre Guantánamo, además del cese del embargo comercial.
La ambivalencia jurídica de Guantánamo, como “no lugar” de la geopolítica contemporánea, ha permitido a Estados Unidos experimentar con los usos de la base. Si durante la Guerra Fría, el enclave sirvió a las labores de contrainsurgencia regional y de hostilización del gobierno cubano, a partir de 2001, en tiempos del gobierno de George W. Bush, cambió de rol, habilitándose como cárcel y centro de torturas de prisioneros de la llamada “guerra contra el terror”.
Ese limbo jurídico, de un territorio extranjero bajo jurisdicción militar, permitió a asesores jurídicos del gobierno de Bush Jr., como John Yoo y Patrick Philbin, justificar el estado de excepción de la cárcel antiterrorista. Sin embargo, entre 2004 y 2008, el caso de la prisión de Guantánamo llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, decidiéndose que la base se regía por la justicia federal.
Los presidentes Barack Obama y Joe Biden prometieron cerrar la cárcel y el primero, que se opuso a las guerras de Irak y Afganistán, llegó a firmar una orden ejecutiva en ese sentido. Ninguno de los dos lo logró, en buena medida, por la oposición de legisladores como Marco Rubio, hoy Secretario de Estado, y el propio presidente Donald Trump en su primer mandato.
A partir de ahora, con el encarcelamiento de migrantes latinoamericanos deportados de Estados Unidos, podría repetirse el estado de excepción en Guantánamo. Miles de migrantes criminalizados, que no acceden a alguna vía de repatriación, serían recluidos en esa cárcel ubicada en una suerte de purgatorio de la justicia estadounidense.
