La conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución —el año pasado— fue, por decir lo menos, inconveniente, con el anuncio de una veintena de peligrosas reformas constitucionales y legales en contra de la democracia mexicana, muchas de las cuales ya han sido aprobadas.
Este año, la del 5 de febrero dejó de ser un acto republicano de conmemoración de la Constitución vigente, para convertirse en un evento más de tipo partidista. No invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los Poderes del Estado mexicano, es una gran descortesía. Y, como había ocurrido el año pasado, la actual titular del Ejecutivo no dejó pasar la ocasión para anunciar una reforma más: la de la no reelección y nepotismo.
Detengámonos en el componente de la no reelección de la iniciativa, presentada con base en el principio maderista, uno de los mantras de la Revolución Mexicana: “Sufragio efectivo, no reelección”. Hay que volver a decirlo: esa consigna se refería, tanto en el caso de Madero como en el de los constituyentes de 1917 —y así quedó en la Constitución—, exclusivamente respecto al presidente de la República y los gobernadores, con el propósito fundamental de evitar que el titular del Ejecutivo se enquistara en el poder y se repitiera la dictadura electiva que por tres décadas mantuvo Porfirio Díaz.
El caso de Los ya no tan Alegres
No fue sino hasta 1933 que la no reelección consecutiva se extendió a los Poderes legislativos federal y estatales, así como a los municipios. En plena cumbre del Maximato se adoptó esa medida para concentrar aún más el poder en el presidente, incrementar la asimetría con el Congreso y controlar el ascenso, permanencia y caída de las carreras políticas del personal del régimen, todo lo cual tuvo funestas consecuencias para la vida democrática del país, y no sólo en el oficialismo: más adelante, con el acceso y crecimiento de las oposiciones, la no reelección universal sirvió igualmente para que las dirigencias partidistas tuvieran un férreo control sobre las nominaciones y destinos de los políticos opositores.
Es vastísima la literatura que ha analizado los efectos nocivos de la no reelección legislativa consecutiva. La principal es que condena al Congreso al eterno amateurismo. Lo mismo ocurre con las administraciones municipales. No hay incentivos a la profesionalización, ni a tomar en cuenta al electorado que vota por sus representantes, sino sólo a quedar bien con quien palomea las listas para acceder a las candidaturas. No por nada México fue la última democracia del mundo que regresó, apenas en 2014, a permitir la reelección legislativa consecutiva federal y local, así como en el ámbito municipal, topada en 12 años. Esa reforma fue aprobada entonces por consenso partidario. Y aunque no hemos visto todavía en nuestro país, cabalmente, los beneficios que la experiencia comparada muestra, ya hay una iniciativa para prohibirla de nuevo. La iniciativa se da en un contexto de concentración de poder.
El sufragio es más efectivo cuando la ciudadanía tiene el poder de decidir si hay reelección de sus representantes, o bien, si los castiga eligiendo a otros, y cuando los políticos tienen incentivos a profesionalizarse y no sólo a responder ciegamente a las órdenes de un mandamás.
