A Édgar Veytia le dicen “El diablo”. Fue un hombre poderoso que incluso se convirtió —aunque reportaba a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”— en una especie de árbitro entre los cárteles de los Beltrán Leyva y Jalisco que disputaban un enclave estratégico para el trasiego de drogas por el Pacífico mexicano: Nayarit. Fue detenido por Estados Unidos pero hoy se ha esfumado.
La historia de “El diablo” suena a ficción. Mientras jugaba de árbitro entre narcos, Veytia —fiscal estatal de 2013 a 2017 e incondicional del ex gobernador nayarita Roberto Sandoval, hoy en prisión— controlaba al Poder Judicial de Nayarit, a la policía estatal y municipal mediante el Mando Único, e influía entre mandos castrenses y navales, para sembrar el terror con despojos, amenazas y agresiones a ciudadanos de calle, a empresarios y políticos de la entidad.
Sus testimonios contra ex funcionarios mexicanos del más alto nivel en una corte de Brooklyn le valió para reducir su pena inicialmente fijada en 20 años de cárcel —por conspirar para traficar metanfetaminas, marihuana, cocaína y heroína a territorio estadounidense— a 10 años, pero en los registros ya no aparece bajo custodia de los alguaciles americanos.
Magnicharters, de pena
De acuerdo con funcionarios de inteligencia, consultados por este columnista, Veytia —detenido en el Puente Internacional Tijuana-San Diego en marzo de 2017— pudiera haber ingresado al programa de testigos protegidos o a prisión domiciliaria gracias a los señalamientos hechos durante el juicio que se realizó a Genaro García Luna… y advierten que si eventualmente regresa a Nayarit podría desencadenar una guerra ahí entre Sinaloa y el CJNG.
Además, me dicen, hay “viudas y viudos” de Veytia que ansían su regreso con la esperanza de retomar la influencia política que perdieron tras su arresto por el gobierno de Estados Unidos.
En el Poder Judicial de Nayarit, de acuerdo con las fuentes consultadas, también hay funcionarios que avalaron el despojo de propiedades y ranchos que ejecutó Veytia, que sueñan con su retorno, entre ellos los cercanos a un expresidente del Tribunal de Justicia.
“El diablo” tiene cuentas pendientes. Hay 9 órdenes de aprehensión en su contra, giradas por el Poder Judicial de Nayarit, por despojo, tortura, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, entre otros delitos, así que si pone un pie en Nayarit irá a prisión.
Los herederos de los Beltrán Leyva en el estado, aseguran funcionarios consultados, tampoco le darán cuartel pues lo hacen responsable de la caída de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H2, y de Daniel Isaac Silva Gáfate, el H9; Sinaloa lo ve como informante del gobierno de Estados Unidos y el CJNG simplemente lo ve como un hombre sin palabra.
Además hay decenas de agraviados, políticos y empresarios que fueron sus víctimas, familias que perdieron familiares a manos de “El diablo” que no le perdonan el daño que les hizo.
La pregunta es, ahora que ha dejado de aparecer en los registro de custodia de la justicia de Estados Unidos, si el gobernador Miguel Ángel Navarro o el Poder Judicial del estado, solicitarán la intervención de la cancillería mexicana para pedir la extradición de uno de los hombres más temibles de la historia nayarita.
RADAR
DEFENSA DE LA NIÑEZ. Nos hacen notar que el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, empuja una iniciativa de ley para regular el acceso a redes sociales a menores de edad, pero además busca promover medidas para mejorar el entorno educativo y social de niñas, niños y jóvenes e impulsa el incremento en sanciones a delitos digitales contra pederastas y acosadores digitales.
Hace un par de días, Kuri difundió un mensaje precisamente por redes sociales en el que anunció que enviaría a los congresos local y federal un paquete de medidas encaminadas a proteger a las niñas, niños y adolescentes de los riesgos asociados al entorno digital; esto como parte de su compromiso con el bienestar de la infancia. Entre las medidas, destacan:
—Prohibir a las empresas de redes sociales otorgar acceso a menores de 14 años. Además se establecerá la obligación de contar con autorización parental para usuarios de 15 a 17 años.
—Prohibir el uso de celulares inteligentes en el sistema educativo estatal.
—Incremento de penas por delitos digitales: Las sanciones para pederastas y acosadores digitales serán endurecidas.
—Y se convocará a las y los alcaldes y a las autoridades deportivas para establecer espacios de convivencia, deporte y cultura que promuevan la interacción saludable y el desarrollo personal.
Simplemente: ¡Bravo!
CAMPANAZO. Nos comentan que la maestra Lizbeth Pérez, directora de la agencia de relaciones públicas Lizbeth Pérez y Asociados, tomó protesta como vicepresidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Regional de la COPARMEX Chetumal, Mahahual y Bacalar.
En su mensaje, destacó que el objetivo principal es promover e impulsar el desarrollo del sur de Quintana Roo, una zona con gran potencial turístico, natural y económico. Para lograrlo, buscará establecer alianzas estratégicas con empresas locales y nacionales, priorizando la capacitación de la comunidad y trabajando de manera coordinada con autoridades federales, estatales y locales.
