En el derecho mexicano, el tamaño del linchamiento digital a una persona es proporcional al tamaño de la reparación que éste puede exigir como compensación. Si alguien está orgulloso por haber fabricado una bola de nieve que se convirtió en avalancha en las redes sociales y aplastó la vida de un individuo, este último a veces tiene el derecho de cobrarle una cantidad equivalente para reconstruirse. Cuando el linchamiento recurrió a las malas artes y a la manipulación.
Por ejemplo, un abogado es llamado “narcoabogado” y se recortan sus palabras para sacarlas de contexto. Éste pugna desde hace años por la justicia transicional, pero se le presenta como un vulgar mafioso. Luego se insinúa que ha hecho cosas concretas que no ha hecho. Supongamos que la campaña prende y se convierte en un tsunami, entonces el litigante perderá clientes y su familia se sentirá avergonzada o acosada. Para limpiar su nombre y recuperarse económicamente, es posible que demande al fabulador, al amasador de bolas de nieve, por daño moral. ¿Que éste no tenía intenciones de afectar al abogado sino a sus propios rivales políticos (los que aparecen en las fotos con el abogado dañado)? ¿Que su intención era tiznar al oficialismo, como parte del juego democrático? Eso es irrelevante. Los políticos efectivamente pueden cuestionar los supuestos vínculos de otros políticos con el crimen organizado, pero no tienen manto protector si dañan a terceros injustamente.
Casos muy distintos son las demandas frívolas o abusivas por daño moral. Si Sabina Berman menciona dos casos de supuesta violencia sexual contra mujeres, uno de los comparados, aunque sea inocente, no puede demandarla válidamente sólo porque no le guste aparecer en la misma columna que otra persona. ¿O no tenemos derecho a reflexionar sobre la actualidad?
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Finalmente, están los casos abusivos. En ellos, aparte de los elementos de daño y proporcionalidad, el demandante puede gastar mucho dinero en el juicio, mientras que sus demandados ni siquiera alcancen a pagar la costosa andanada judicial. El triunfador no lo será por decisión de justicia, sino por nocaut económico. No ganará quien tenga la razón, sino quien tenga los medios.
Las reformas al Poder Judicial deberían tener que ver con este último problema. AMLO repetía que buscaba separar al poder económico del poder político. También debe separarse el poder económico del poder de ganar juicios. Quien resulte vencedor en un proceso judicial debe serlo porque lo dice la ley y porque se han pisado sus derechos frente a los de su contrincante.
En un país donde la justicia se inclina ante el peso del dinero o la influencia política, el daño moral se convierte en una obsidiana de doble filo. Puede ser un mecanismo legítimo de reparación, pero también una herramienta de censura o de venganza. La pregunta es tanto quién tiene la razón en cada caso, como si el sistema judicial está preparado para garantizar que las batallas legales se resuelvan con justicia y no con el simple poder de destrucción que otorgan el dinero y las influencias.
