En Pemex son muy conocidas las versiones de una presunta red de funcionarios que sin acatar las instrucciones del director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, establecen sus propias reglas para su beneficio en la distribución y comercialización de hidrocarburos. Se habla, por ejemplo, de Eduardo Padilla Yebra, exfuncionario de Pemex Logística, quien habría amagado a sus superiores con revelar nombres y datos de operaciones internas si era despedido y así echar de cabeza a los protagonistas del llamado “huachicol fiscal”, ese que se disfrazaría como venta real a costillas de la ahora paraestatal.
Y es que a su salida de la petrolera, la presencia de Padilla Yebra sigue vigente, pues se le ha visto en reuniones privadas y públicas con personajes clave, incluidos gobernantes del sureste.
También es un secreto a voces que Sergio Rosado Flores, subdirector de Evaluación y Cumplimiento Regulatorio en Pemex, está relacionado —cuando menos hasta 2022— como socio de unas 14 empresas del sector energético. Y que ello significaría conflicto de interés al contratar servicio de transporte de hidrocarburos, cosa que al momento no parece preocuparle, según se comenta entre sus subalternos.
A ello se suma su relación con Gabriela Cano, otra funcionaria de la petrolera, lo que genera sospechas de una posible concentración excesiva de decisiones estratégicas en un “Círculo Selecto” donde también figuraría Marisa Díaz, quien —pese a la instrucción superior de evitar el transporte de combustóleo por ductos para reducir el huachicoleo— rechaza fuertemente adoptar transporte terrestre o marino.
Se dice que ese “Círculo Selecto”, en lo privado, minimiza decisiones superiores como el tope de 24 pesos por litro de gasolina, y que alardean que su lealtad no está en Palacio Nacional, sino en otros sectores de poder.
Un golpe en el escritorio sería lo menos que el Gobierno en curso debe hacer para acabar con la impunidad y ofrecer certidumbre jurídica a la nueva política energética.
Así de sencillo...
Los berrinches de Lenia. No hay sorpresa. La autodenominada “ministra del Pueblo”, Lenia Batres, literalmente huyó de la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cundo fue reconvenida por sus pares en la discusión judicial en torno a la causa de Ricardo Salinas Pliego por el intento de cobrarle dos veces impuestos corporativos en función de un cambio de legislación fiscal… cobranza que hubiese sido inconstitucional.
Inusualmente, la SCJN reportó oficialmente que la ministra Lenia Batres hizo berrinche y salió confrontada con los otros ministros por lo relacionado con el reclamo de Ricardo Salinas Pliego por el “cambio de criterio” con que se le pretende cobra doble ISR.
Los ministros hicieron ver a Batres que estaba impedida (porque se ha pronunciado varias veces en público sobre este tema), por haberse prejuiciado públicamente contra el empresario y que, por tanto, tiene por ley que inhibirse —salirse por voluntad— de la discusión fiscal más importante para Andrés Manuel López Obrador.
San Pedro: extorsión empresarial. El crecimiento de los grupos delincuenciales en México, producto de la política “abrazos no balazos” alcanzó a zonas como San Pedro Garza García, ubicado en el estado de Nuevo León. El municipio que encabeza el panista Mauricio Fernández es uno de los más ricos de América Latina…, pero los empresarios de aquella zona son asediados por extorsionadores “oficiales” que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, a cargo de José Luis Kuri, para cobrarles fuertes sumas de dinero a cambio de protección.
El grupo policiaco que se hace llamar “El Sindicato” se presume que es dirigido por el propio secretario junto con el director de tránsito, Lorenzo Pruneda de León —que en 1998 fue condenado a ocho años de prisión por una corte de Houston, Texas—.
Vale precisar que los afectados ya buscan apoyo del gobierno federal, ya que las autoridades locales se han negado a mostrar los exámenes de control de confianza de los funcionarios mencionados en las quejas empresariales.
Los Inquisidores del humor. La libertad de cátedra es lo de menos: el sentido del humor estará sancionado por los nuevos inquisidores de los buenos modales universitarios, entre los que relumbra Raúl Contreras, exdirector de la facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios. Contreras busca llevar al tribunal universitario al emérito Carlos Cuenca por un comentario que desató la hilaridad de estudiosos y mentores ahí presentes.
Existen asuntos más importantes que interesan hoy a los universitarios… entre ellos precisamente la libertad de cátedra y de convertirse en actores activos de la transformación, no en participar en un juicio sumario contra el humor y la risa.