Tres hornos crematorios y seis lotes con restos óseos fragmentados, que no son el campo de exterminio nazi Schloss Hartheim, hallado esta semana al norte de Austria, 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. No, es México en pleno siglo XXI.
El ahora llamado por algunos Auschwitz mexicano —aunque es imposible el comparativo— está en El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, muy cerca del sitio arqueológico Guachimontones, nombrado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 2006. ¿Quién lo hubiera imaginado?
“En diciembre (2024), algunos hornos donde quedaron hechas cenizas muchas vidas, aún estaban activos, humeando y desprendían olor a muerte”, narró Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras, quien asegura que su agrupación en Jalisco ya había alertado a las autoridades de este lugar desde el año pasado, pero no reaccionaron.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Ahora fue el colectivo Guerreros Unidos quienes el pasado 5 de marzo denunciaron que este inmueble era utilizado como un campo de adiestramiento del crimen organizado y como crematorio clandestino.
Indira Navarro es la coordinadora, ella conoció a Ceci Flores en 2015, cuando su hermano fue secuestrado y desaparecido, y hace poco más de un año se enteró que la carpeta de investigación correspondiente, también se había esfumado.
Fue la llamada de María, —como Indira apodó a la sobreviviente del sitio para proteger su identidad—, lo que la alertó sobre lo que ocurría en el Rancho Izaguirre, incluyendo la presunta venta de órganos y torturas inimaginables.
Unas mil 500 personas —calcula la testigo— fueron las que murieron en ese lugar durante los 3 años que ella permaneció cautiva ahí.
Muy temprano en la mañana del pasado jueves, apareció en la página de Facebook del colectivo el documento de Excel titulado “Lista de Indicios”, que divide en grupos de 50 o 100 y de la A a la M, todas las prendas encontradas en la finca.
Pantalones, playeras, blusas, vestidos, mallas, mochilas, maletas, bóxers y calzado aparecen en el documento que describe color, marca, talla y otras observaciones, como si se tratara del inventario de un almacén, pero para las familias en búsqueda es la posible confirmación de la más dolorosa de sus probabilidades.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas también condenó esta semana de manera muy enérgica los hechos, exigiendo una investigación y transparencia en los resultados.
Dicho organismo sugirió llevar el caso a la Corte Penal Internacional, por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, como crímenes de lesa humanidad por omisión de las autoridades.
Para tales efectos se incluye también a Tamaulipas, que brilló con su propio horror esta misma semana, siendo la ciudad fronteriza de Reynosa el escenario donde el Colectivo Amor por los Desaparecidos denunció otro sitio de exterminio localizado el lunes pasado, cerca de la colonia Colinas del Real.
Edith González, líder del colectivo, describió cómo encontraron montículos de restos humanos calcinados, “incluso el tambo donde incineraron a las personas”, dijo.
La Fiscalía del estado negó la información, asegurando que “en la propiedad ya inspeccionada por elementos de esta Fiscalía, no se observaron restos óseos, olores fétidos o indicios que permitan presumir la existencia de un crematorio…”.
Argumentó que el sitio corresponde a “una obra negra de la sucursal de una empresa de funerales”.
El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar, sentenció que “la información del colectivo se ha magnificado de manera sensacionalista”, aunque sin poder sustentar sus dichos con datos firmes, lo que desmorona su propia credibilidad.
El funcionario presumió a Tamaulipas como “la novena entidad con los mejores resultados en incidencia delictiva”, atreviéndose a afirmar que si los colectivos ahí han logrado avances, es porque el Gobierno es un “aliado confiable”.
Jorge Cuéllar parece olvidar que los colectivos de búsqueda no nacieron para aliarse con los gobiernos, ni buscando su aprobación, sino como un instrumento para las víctimas ante el abandono, insensibilidad y evasivas de esas mismas autoridades en las dolorosas búsquedas.
Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha mantenido muda, vergonzosamente cómoda en el congelador en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la encerró hace más de seis años.
Administración que por cierto, le heredó 51 mil 791 víctimas al actual Gobierno, que en lo que lleva de vida ya reporta 10 mil 328 personas desaparecidas, de las que el cinco por ciento ya fueron encontradas sin vida.
Claramente la investigación sobre todos estos hechos, no será para “saber ¿qué pasó?”, porque hasta a un ciego le bastaría con sólo oler para entenderlo. Se trata de encontrar a los responsables y a sus silenciosos, escurridizos e incondicionales aliados…
