Me refiero a dos casos que han ocupado la atención pública y mediática en los últimos días en el país:
En primer lugar, una aberrante sentencia por la que se dispone una sanción de 15 millones de pesos que tendrían que pagar el exrector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla; por otro lado, la ominosa sesión en la Cámara de Diputados en la que se impidió continuar con el proceso de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, arropado por el oficialismo.
Como es de conocimiento público y notorio, el gran Guillermo Sheridan se ha encargado de evidenciar una de las conductas de mayor deshonestidad humana: los plagios académicos. El fondo del asunto —se sabe— es una inexplicable producción de una serie de tesis dirigidas por la misma persona y que involucran a una ministra del más alto tribunal del país. Al darse a conocer el hallazgo, como era de esperarse, las autoridades de la UNAM dispusieron lo conducente para investigar el asunto y dirimir las eventuales responsabilidades.
Fecha para el tren
Hay que señalar que el proceso seguido por las entonces autoridades universitarias se realizó con irrestricto apego al Estatuto General de la UNAM, poniendo especial énfasis en el debido proceso y el cuidado de las formas. Ante el escándalo, la comunidad universitaria y la opinión pública en general demandaban, con toda razón, saber qué ocurrió.
Ahora, en un giro muy retorcido del caso, sorprendió a la opinión pública una sentencia que resuelve una demanda civil por daño moral, que dispone una reparación absurda y desproporcionada. Como era de esperarse, por tratarse de un tema que afecta la autonomía universitaria y el honor de respetabilísimos funcionarios universitarios —que no hicieron otra cosa que cumplir con su deber— y por tratarse de un tema de plagio e integridad académica, un nutrido grupo de integrantes de la comunidad académica de la UNAM, a la que se adhirieron otras comunidades universitarias, signaron la “Carta pública: Universitarios repudian el plagio y el fallo legal contra la UNAM”, que se puede consultar en el blog de Nexos. Suscrita, valga mencionar, por un servidor.
El episodio es importante porque es una mirada a la impartición de justicia que vendrá en el país en un futuro que está a la vuelta de la esquina. Todavía no son las elecciones judiciales y ya hay algunos juzgadores que ajustan sus muy desafortunados argumentos jurídicos a los criterios políticos de la época.
El otro caso igualmente escandaloso fue la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, en la que se dio “carpetazo” al proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Ciertamente —aunque no suele ponerse énfasis en esto— es una facultad en la que la impartición de justicia depende del siempre politizado Poder Legislativo. Tal vez sea un problema del mismo diseño institucional. El señalado personaje presuntamente había cometido una serie de conductas delictivas en su vida pública y privada. Específicamente, se trataba de lograr el desafuero para que Blanco se defendiera, sin condiciones de privilegio, de la grave acusación de cometer un delito sexual. En un episodio bochornoso más de la presente legislatura, con madruguetes al orden reglamentario, se le dio la palabra al presunto delincuente, sin que gozara de igual derecho la persona denunciante. Y, en una estampa francamente ominosa, arropado por consignas vergonzosamente vociferadas por diputadas, y por los votos de la mayoría de la coalición legislativa oficialista —con la rara excepción del PT— más los del PRI, que puso sus barbas a remojar, Blanco se salió con la suya.
