A estas alturas, seguramente usted ya sabe que el próximo 1º de junio se celebrarán elecciones para renovar diversos cargos del Poder Judicial federal y de algunos tribunales locales. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha cumplido con su responsabilidad y ha desplegado una intensa campaña de promoción del voto que —salvo que usted viva en Marte— seguramente ha visto o escuchado en más de una ocasión.
Sin embargo, en una decisión muy preocupante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ayer que los poderes públicos y sus integrantes también podrán hacer promoción de esta elección. Esta determinación contradice abiertamente lo que establece la legislación electoral, y sus efectos se harán sentir muy pronto.
El debate sobre quién debe promover la elección judicial no es nuevo y ha tenido varios giros. En un primer momento, el propio Tribunal Electoral había limitado el tiempo asignado al INE —que por mandato constitucional es la autoridad responsable de promover los procesos electorales— y se lo entregó a los poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En aquel entonces, el Tribunal argumentó que dejar todo el tiempo de los medios públicos al INE podría generar una “saturación innecesaria” de mensajes para la ciudadanía.
Góbers felices en el sorteo
Pero ahora, en un giro de 180 grados, el Tribunal sostiene exactamente lo contrario: que no se debe “silenciar” la promoción de la elección, y por eso permite que otros poderes del Estado también puedan difundir mensajes —eso sí, bajo la etiqueta de ser “imparciales”.
El verdadero problema de estas contradicciones —a las que tristemente nos tiene acostumbrados la máxima autoridad electoral— es que se perdió una oportunidad clave: que la ciudadanía conociera mejor a las y los candidatos que aspiran a los cargos judiciales.
Añadir más campañas informativas al enorme despliegue que ya realiza el INE no aporta gran cosa en términos de dar a conocer la fecha de la elección o los cargos a elegir. Pero limitar los tiempos del INE en radio y televisión sí tuvo un costo: impidió que esos espacios se usaran para difundir de quiénes son las candidaturas y cuáles son sus propuestas.
Como resultado, hoy el conocimiento público sobre los perfiles, de las y los aspirantes, es prácticamente nulo, especialmente entre los sectores de la población que no tiene acceso a Internet o a las plataformas digitales del INE. Una vez más, las decisiones del Tribunal Electoral parecen alejarse de su deber de garantizar un proceso democrático informado y equitativo. El INE era la única autoridad que podría haber asignado espacios, en especial para los puestos nacionales, para que las distintas candidaturas se dieran a conocer y así fomentar un voto informado y razonado de la ciudadanía.
Promover una elección sin acercar a la ciudadanía información clara sobre quiénes son las candidatas y candidatos no es hacer democracia. Es, en el mejor de los casos, simularla. Porque una democracia de verdad no sólo convoca a votar, sino que garantiza que ese voto se emita con conocimiento y libertad.
