De acuerdo la base internacional de Varieties of Democracy, México se encuentra en una parte alta de violencia política en el mundo, con un uso cada vez, más frecuente. Entendida ésta, como el uso de la fuerza física para lograr objetivos políticos por parte de actores no estatales.
En México, la violencia es un costo de oportunidad, para aprovechar efectivamente algunos fenómenos del comercio global, como el nearshoring. De acuerdo a Institute of The Americas, de la UC San Diego, la Cámara de Comercio Americana en México (AmCham Mexico) ha informado que 13 por ciento de sus miembros, gasta más de 8 por ciento de su presupuesto operativo total en seguridad, mientras el costo para las empresas fue igual a 0.67 por ciento del PIB de México, que van desde cambio de cerraduras, hasta contratación de seguridad privada. En los últimos años, este costo ha crecido cerca de 20 por ciento.
Por otro lado, de acuerdo al Consejo Nacional de la Industria Balística, el mercado de autos blindados crece a un ritmo de 15 por ciento entre 2023 y 2024; mientras que los datos de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, considera que en los últimos cinco años hubo una “consolidación” del sector como un pilar clave dentro del mercado automotriz nacional, lo mismo sucede con la expansión del mercado de cámaras de seguridad, cuyo crecimiento se espera de dos dígitos entre 2025 y 2030. Es decir, mientras el Gobierno argumenta que la violencia va a la baja, los privados se están blindando y asegurando.
Esto también implica que el costo de permanecer a salvo en México, se le está trasladando a los privados, en una suerte de traslado impositivo. Digamos que el Estado Mexicano, está actuando como una especie de free rider económico, ya que está abandonando su función de proveer seguridad, mientras los privados invierten y pagan impuestos; es decir, han caído en la tentación de obtener el beneficio de los impuestos, sin provisión del servicio esencial estatal, que es finalmente el monopolio de la violencia. Esto ha sido provocado principalmente por dos políticas, la mal entendida “austeridad” y los “abrazos no balazos”, que han debilitado la capacidad de acción estatal.
Esto se refleja en los trágicos hechos sucedidos en la Ciudad de México, con la secretaria particular y el asesor de la Jefa de Gobierno, quienes fueron arteramente asesinados, mientras el Gobierno argumentaba en vivo que sus cifras sobre inseguridad han mejorado. Los crímenes de alto impacto, y el creciente mercado de servicios y productos de seguridad, muestran una dimensión distinta. Mientras este hecho, seguramente impulsará más la demanda de estos servicios.
El Gobierno tiene el reto de dejar atrás la retórica, y poner manos a la obra, fortaleciendo los presupuestos propios en esta materia, en uno de los países más violentos del mundo. Porque de lo contrario, el Estado seguirá adelgazando en sus capacidades de provisión de seguridad e infraestructura, y el control que pretenden construir bajo un régimen autoritario, va a trasladarse a actores no estatales.
Por ello es el llamado del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre la violencia política, ejercida por actores no estatales. Porque esto está influyendo cada vez más en el comercio, y el gasto de las empresas privadas, es decir en sus ganancias. Ha llegado el momento de revisar la política de austeridad, así como la de transferencias que no lograron generar más clase media y de dar un vuelco presupuestal en materia de seguridad, porque de lo contrario lejos de crear su Estado Leviatán de control que tanto soñaron, van a crear un Kraken de descontrol, que les va a explotar en la cara, como sucedió esta semana.