Hace unos días, durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se desató la polémica por una controvertida declaración del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Al abordar el tema de las viviendas de interés social que están invadidas y los ocupantes no cuentan con documentos que acrediten legalmente la propiedad, dejó ver que, en lugar de aplicar la ley y sacarlos, se iba a premiar a los mismos. O sea, se iba a legalizar lo ilegal.
“Alguien que de manera irregular esté dentro de una vivienda, no lo vamos a sacar, le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda, que la puede ocupar, pero no va a ser de él, y lo que queremos es que sea de él”, declaró textual el funcionario.
El tema se volvió tendencia en redes sociales y escaló de inmediato, al grado que desde el propio gobierno tuvieron que salir a explicar —cual Rubén Aguilar en el sexenio de Vicente Fox— lo que el director del instituto quiso decir.
N.R.D.A. en Morena
Y es que entre tantas declaraciones todo se volvió un “teléfono descompuesto” que al final dejó a todos inquietos sobre las acciones a ejecutar por parte del instituto, sobre todo porque los recursos del Infonavit no son públicos sino aportaciones de los propios obreros y sus patrones.
Incluso, en un comunicado conjunto, Coparmex, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Consejo Empresarial Mexicano, la Concamin y el Consejo Nacional Empresarial Turístico exigieron al Gobierno federal priorizar la legalidad y el resguardo de los derechohabientes y su dinero.
El documento advierte que, de las 843 mil viviendas, han sido censadas 168 mil por la Secretaría del Bienestar. De éstas, 86 por ciento son habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios.
Por lo anterior, pidieron al Gobierno federal claridad en el tema, pero, sobre todo, legalidad. Para que quede claro, el Infonavit no puede disponer ilegalmente de las viviendas que no le pertenecen, promover un programa de regularización en esas condiciones es totalmente ilegal.
De eso, a que se respete el patrimonio de los trabajadores hay un mundo de diferencia… y como decía la abuela Dondinéa: “¡Lo que no es derecho, es chipotudo!”
Basta por hoy, pero el próximo lunes regresaréeeeeeeeee!!!
