El acuerdo comunitario proyectado en el calendario convoca a reflexionar: el 25 de cada mes, con el color naranja, visibiliza la urgencia de terminar con la violencia contra las mujeres; el 28 de junio, con el arcoíris por delante, celebra el Orgullo LGBTTTIQ+ como expresión de dignidad y derechos.
Son fechas de una permanente hermenéutica del combate cívico. Con ellas se insta a instituciones, colectivos y ciudadanía a alzar la voz y convertir el espacio público y la imaginación en una plataforma reivindicatoria.
Entre una y otra jornada, se dibuja una frontera no siempre reconocida: la del cruce entre género, orientación sexual, identidad de género y condiciones sociales detonadoras de nuevas vulnerabilidades, más complejas y difíciles de atender desde una sola política, especialmente si ésta se restringe a la mirada convencional.
México tiene a la capital nacional como vanguardia, ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la diversidad. Se han aprobado leyes que garantizan el matrimonio igualitario, desarrollado protocolos con perspectiva de género, creado instancias especializadas para atender a víctimas de violencia y visibilizado temas antes silenciados. Ahora evaluamos si son fundamentalmente San Francisco, Río de Janeiro y nuestra CDMX las urbes más progresistas a través de la cantidad, calidad y creatividad de los grupos participantes en esas manifestaciones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, han incorporado la igualdad sustantiva como eje rector de su política social. La Presidenta estableció la línea *765 para denuncia de tentativas feminicidas y más ampliamente para reportar violencia familiar y de género. Brugada desplegó la bandera humana de la diversidad más grande del mundo, ampliamente reportada por la prensa internacional.
Diez feminicidios diarios definen el tamaño del desafío. Como lo ha señalado Judith Butler: el reconocimiento legal no basta si no está acompañado por condiciones materiales y simbólicas que permitan a las personas vivir con dignidad, tener una “vida vivible”.
Las personas trans en situación de pobreza enfrentan barreras múltiples: falta de acceso a la salud, discriminación en el empleo, exclusión educativa. Las lesbianas y mujeres bisexuales pueden ser víctimas de violencia correctiva, pero esa experiencia no siempre entra en los marcos jurídicos convencionales.
Está pendiente integrar de manera más consistente las políticas del Día Naranja con las del Orgullo LGBTTTIQ+, construir una narrativa institucional a favor de la agenda de derechos como una dimensión transversal de todas las políticas públicas.
Entre el naranja y el arcoíris, hay historias y derechos por proteger desde un consenso creciente sobre la igualdad como tema universal, y no como fraccionamiento de lo políticamente correcto para presuntas o reales minorías.