¿Quién no ha presenciado la clasiquísima situación de que el que debe, según no tiene para pagar, al tiempo que disfruta de un pachangón en algún destino paradisiaco? Pues más o menos así se las gasta la actual administración.
Desde hace meses se pronosticaba que, en cuanto concluyera la elección del Poder Judicial, el INE pasaría a la lista negra de los órganos constitucionales autónomos que habrían de ser reformados —si no desaparecidos—. Y si no ocurrió antes es porque simplemente alguien tenía que organizar ese bodrio de elección. Así, a menos de un mes de realizados los comicios, la Presidenta ya puso sobre la mesa una reforma electoral.
Por supuesto, el anuncio viene precedido del atrevimiento de cinco consejeros electorales de considerar no declarar válida la elección de ministros a la Suprema Corte, ante el evidente cochinero en la votación, a lo que se suma el desgastado argumento —entre otros— de lo oneroso de la función electoral en nuestro país.
¿Noroña contra los provocadores?
Y sí, es un hecho que, en México, las elecciones cuestan y cuestan mucho. Ello se debe, en buena medida, a que el sistema electoral y sus procesos —al menos los que conocíamos antes de la elección judicial— se construyeron sobre la base de la desconfianza, lo que orilló a desarrollar procedimientos complejos y abigarrados —si bien, efectivos—, que permitían dotar de certeza a los resultados.
El INE no recibió la cantidad de recursos solicitados para la organización de estos comicios, lo que lo obligó, principalmente, a instalar menos casillas y a eliminar diversos procesos habituales de la organización electoral. Y cuando esos procedimientos no mejoran o simplemente se eliminan, hay consecuencias: la participación electoral fue pírrica y la credibilidad y certeza en los resultados entre la ciudadanía —más allá de la que se encuentra bajo el manto morenista—, pues… que cada uno juzgue, si, a 23 días de la jornada electoral, siguen sin poder validar la totalidad de la elección.
A pesar de todo, según el Gobierno, los 8 mil millones de pesos que costaron los comicios —con todo y los recortes— fueron un exceso, sin importar el escándalo de las numerosas prácticas fraudulentas ya por demás documentadas y evidenciadas. Sin embargo, estas convenientes y alegres cuentas pasan a segundo término cuando de las pensiones para la disidencia magisterial se trata, pues la voluntad de congraciarse con ellos sí es infinita y, aparentemente, también los recursos.
Así, luego de tener secuestrada a la capital del país por una veintena de días, se anunció el decreto con el que formalmente redujo la edad de jubilación del magisterio y de cerca de un millón de funcionarios públicos, lo que implicará un costo para el erario de unos 36 mil millones de pesos —según cifras del propio Gobierno— por lo que resta de este sexenio, y de entre 350 y 400 mil millones —de acuerdo con exfuncionarios de la Consar— para las administraciones venideras.
Así —tan lejos del INE y tan cerca de la CNTE—, según el sapo, es la pedrada.
