Claudia Sheinbaum está desempolvando la reforma electoral que López Obrador no pudo pasar. No es nueva, no es sorpresa, y tampoco esconde mucho: reducir el presupuesto del INE, recortar el dinero a los partidos y eliminar las listas plurinominales.
A diferencia de su antecesor, Sheinbaum sí tiene hoy las condiciones para convertir ese viejo anhelo en ley. Morena y sus aliados cuentan con una mayoría calificada en el Congreso, lo que les permitiría reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. El “plan C” de López Obrador —ganar las mayorías necesarias en las urnas para aprobar sus reformas— lleva tiempo siendo una realidad. Ahora, Sheinbaum se perfilaría a concluir el “plan A”.
El trasfondo del debate no es menor. La Presidenta ha prometido que el INE seguirá siendo un organismo autónomo y ha insistido en que su gobierno no busca debilitar la democracia ni avanzar hacia el autoritarismo. “Queremos que siga habiendo elecciones limpias y democráticas”, ha declarado en los últimos días, tratando de bajar el tono de la confrontación con el instituto, en especial después de las recientes tensiones por la elección judicial y las acusaciones sobre inducción del voto.
Lista, la reforma de aguas
Sin embargo, es difícil ignorar que la reforma que se perfila tiene elementos que, en la práctica, no se puede garantizar que fortalezcan la democracia o que concentren aún más el poder. El tema de los plurinominales parece técnico, pero es profundamente político. Sin pluris, las minorías se achican. La eliminación de las listas plurinominales reduciría significativamente la representación de las minorías en el Congreso. Este cambio podría dejar a fuerzas opositoras con un margen de maniobra mucho más reducido. La representación proporcional, con todas sus imperfecciones, ha sido históricamente una válvula de inclusión para partidos pequeños y voces disidentes.
El argumento de la austeridad, si bien relevante en un país donde el gasto público debe racionalizarse, también parece funcionalmente útil para acotar a los partidos políticos y al propio INE. Reducir el financiamiento público de los partidos podría empujarlos a depender más de recursos privados, con los riesgos que eso conlleva en términos de opacidad y captura de intereses. Además, disminuir el presupuesto del INE podría afectar su capacidad operativa justo cuando el país necesita árbitros electorales robustos, sobre todo en un contexto donde la tensión política no parece que vaya a disiparse y hay un jugador predominante en todas las contiendas.
La paradoja es que Sheinbaum insiste en la autonomía del INE, pero al mismo tiempo descalifica a algunos consejeros, tachándolos de opositores al proyecto de la Cuarta Transformación. Es decir, parece que quiere un INE autónomo, pero no incómodo. Esta narrativa López Obrador la utilizó durante su sexenio para cuestionar la legitimidad de los organismos autónomos que le resultaban incómodos. Pareciera que se sigue la misma ruta discursiva, aunque con un tono más técnico y menos confrontacional.
Lo que está en juego, en realidad, es el modelo de democracia que México quiere tener. Una reforma electoral con estas características parece popular porque está asentada en la austeridad republicana, parece muy de izquierda, parece muy del pueblo. Pero también y es un asunto muy importante es que es popular porque le quita contrapesos a un Gobierno en el que la gente confía. El juego es ése, precisamente, o el país se mueve a un sistema con más centralización del poder y menos contrapesos para que el Gobierno en el que la gente confía se mantenga o, el país debe apostar por el pluralismo, de participación de minorías, espacios de resistencia y vigilancia.
Por ahora, Sheinbaum no ha presentado el proyecto formalmente ni ha puesto fecha para su discusión legislativa. Todo apunta a que será hasta septiembre cuando Morena busque abrir ese frente en el Congreso. Pero lo que es claro desde ya es que esta reforma será una de las grandes batallas del sexenio y que sus efectos pueden ser duraderos. México enfrenta la posibilidad de reconfigurar su sistema electoral en un momento donde el poder del oficialismo es prácticamente incuestionable.
La Presidenta promete elecciones limpias. Pero el detalle de este asunto es si estas elecciones van a resultar en pluralismo o en la continuidad de Morena como el gran centro político del país. No es una decisión menor y la reforma electoral que se apruebe marcará las reglas del juego posiblemente durante décadas.
