La agenda del Gobierno avanza con velocidad en el Legislativo. Morena y sus aliados en el Congreso acaban de aprobar, en fast track, un paquete de reformas que promete modernizar la seguridad pública, pero que también abre la puerta a una tentación peligrosa: la presencia del Estado dentro de la intimidad de los ciudadanos.
La narrativa oficial es cierta. México necesita más inteligencia, más tecnología y menos improvisación para enfrentar al crimen organizado. Pero lo que se ha aprobado esta semana no sólo refuerza las capacidades del Gobierno: también flexibiliza los límites, erosiona potencialmente los contrapesos y siembra dudas, legítimas, sobre el uso de esta libertad del Estado sobre la libertad individual.
El corazón del paquete gira en torno a tres grandes ejes. Primero, la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Ciudadana, un órgano con capacidad de coordinación nacional y acceso preferente a bases de datos. Segundo, el acceso sin orden judicial a registros públicos y privados, desde el padrón de telefonía móvil hasta información bancaria y videovigilancia. Tercero, nuevos controles sobre las telecomunicaciones y plataformas digitales, que obligan a las empresas a conservar registros por más tiempo y entregar información en tiempo real a las autoridades, sin orden judicial previa.
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Pero eso no es todo. También se aprobó la transferencia definitiva de la Guardia Nacional al control militar, otorgándole nuevas funciones de inteligencia y operación encubierta. Y viene en camino la CURP biométrica obligatoria, que almacenará huellas digitales y reconocimiento facial como parte de un nuevo sistema nacional de identidad.
Sheinbaum no sólo quiere construir una estrategia de seguridad distinta a la de su antecesor; quiere un Estado con mayor capacidad operativa, mejor tecnología y más inteligencia. Esa parte es legítima y necesaria. Lo que inquieta es la velocidad, la falta de debate y la ausencia de mecanismos claros para proteger a los ciudadanos frente a posibles excesos.
Hoy, muchos mexicanos confían ciegamente en su Gobierno. Pero las leyes sobreviven a los gobiernos. Lo que hoy es un recurso para combatir criminales mañana puede volverse un cheque en blanco para que el Estado se recargue más frente a actores incómodos, o incluso que dichas capacidades puedan llegar a cómplices del crimen organizado.
El problema no es la tecnología. El problema es dar ese poder a un Estado que no está blindado frente a infiltraciones del crimen organizado y que cada vez pierde más garantías de que el Gobierno en el futuro valore las libertades individuales y las virtudes democráticas. El proyecto del Gobierno puede cambiar la seguridad del país. Pero sin vigilancia ciudadana, sin límites claros y sin fiscalías fuertes, el riesgo es construir un sistema que mañana no sepamos cómo desactivar. Y lo que está en juego no es sólo la paz: es la democracia y los derechos humanos.
