El H.R.1 —Big, Beautiful Bill, según Donald Trump— combina endurecimiento migratorio, reformas fiscales, recortes a la salud pública y desregulación energética en un sólo paquete legislativo. Se traduce, además, en reducciones al impuesto sobre la renta y a los impuestos corporativos, expansión de la producción de combustibles fósiles y eliminación de regulaciones ambientales.
Esta ley modifica radicalmente el paradigma de respeto a los derechos humanos: ni la dignidad de los migrantes, ni la salud, ni el medio ambiente figuran entre las prioridades del texto legislativo. Me detendré, en tres entregas, a analizar estos temas. Comienzo con la migración.
El Big, Beautiful Bill permite que las policías detengan a personas por el simple hecho de parecer sospechosas de haber cruzado irregularmente la frontera, y convierte la migración no autorizada en un delito estatal.
Cónclave para el regalo de Alito
En términos concretos, la legislación contempla una expansión sin precedentes del aparato migratorio estadounidense. Se asignan fondos para contratar a 10 mil nuevos agentes de ICE y 5 mil oficiales adicionales de la Patrulla Fronteriza, además de decenas de miles de plazas nuevas en centros de detención. En total, se destinan 170 mil millones de dólares a infraestructura de control migratorio, lo que se traducirá en redadas más frecuentes, detenciones masivas y deportaciones aceleradas.
Además, se invertirán 45 mil millones de dólares en la construcción y mantenimiento de más de 100 mil camas en centros de detención de ICE, incluidas instalaciones específicas para encarcelar familias. Con esto, se eliminan límites anteriores y se abre la puerta a la detención indefinida de familias migrantes durante sus procesos de deportación.
La legislación también amplía la figura de la “remoción expedita”, permitiendo la deportación inmediata de personas no ciudadanas con antecedentes penales, sin audiencia judicial, incluso si han vivido durante años en el país.
Por si fuera poco, se restablece —y se financia formalmente— la política de “Permanecer en México”, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en tribunales estadounidenses.
Finalmente, la ley propone un impuesto de entre el 3.5% y el 5% sobre el dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen. Una medida que no sólo penaliza el trabajo digno y la solidaridad transnacional, sino que muestra con claridad el espíritu punitivo que atraviesa todo el texto: castigar al migrante incluso por ayudar a su familia.
Hasta aquí la ley. ¿Y los derechos humanos? Cada una de sus disposiciones vulnera principios fundamentales que deberían proteger a toda persona, sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio. Permitir que la policía detenga a alguien por mera sospecha de haber cruzado la frontera es abrir la puerta a la discriminación por apariencia física, acento o color de piel. Eso es legislar el prejuicio.
Las detenciones indefinidas de familias violan el principio de unidad familiar reconocido en instrumentos internacionales y en estándares básicos de protección a la infancia. La ampliación de la “remoción expedita” constituye una forma de detención arbitraria y negación del debido proceso, pues priva a miles de personas del derecho a ser escuchadas ante una autoridad judicial.
La política de “Permanecer en México” expone a solicitantes de asilo a violencia, inseguridad y abandono legal, en contravención directa del principio de no devolución (non-refoulement). Y el impuesto a las remesas castiga una de las formas más básicas de solidaridad: ayudar a los tuyos cuando lograste sobrevivir en otro país.
Pero más allá del catálogo jurídico, el Big, Beautiful Bill encarna una idea profundamente peligrosa: que buscar una vida mejor es un delito. Que migrar no es un derecho, sino una amenaza. Que quienes se ven “sospechosamente latinos” deben vivir con miedo, sin importar su historia, su trabajo o sus vínculos. No hay nada hermoso en una ley que convierte la exclusión en política de Estado.
