Muy activo se le ha visto al titular de la Fiscalía General de la República de nuestro país, atendiendo dos bomberazos por demás mediáticos ocasionados desde el exterior y que, aparentemente, lo han obligado a desempolvar expedientes o, incluso, a arrastrar el lápiz, para poder responder los cuestionamientos surgidos al respecto.
Se trata —por un lado— de la detención en Estados Unidos de Julio César Chávez Carrasco —hijo de la leyenda del boxeo mexicano— por presuntos problemas migratorios; y —por el otro— del señalamiento proveniente de un medio israelí en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por haber recibido 25 millones de dólares en sobornos por la venta y uso del software de espionaje Pegasus durante su gestión.
El común denominador en ambas situaciones es que ha sido necesario un detonante externo para que las autoridades mexicanas salgan de su letargo y traten de hacer ver que no las toman con los dedos en la puerta. En el mejor de los casos, les alcanzó para decir que, en efecto, estaban al tanto de las actividades ilícitas del pugilista y que tenían, también, una línea de investigación ya abierta desde 2019 y una orden de aprehensión girada en su contra por vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas, desde 2023.
Por el contrario, en los —hasta ahora únicamente— dichos en contra del exmandatario, las filtraciones en medios extranjeros han servido para, de una vez por todas, arremangarse las mangas y anunciar el inicio de su propia investigación, tras un sexenio completo en el que no se le tocó un sólo pelo, a pesar de las numerosas irregularidades documentadas durante su gestión y el evidente halo de corrupción con el que quedó enmarcada su administración en el imaginario público.
Por lo que respecta al expresidente, en nada le benefició volver al ojo público —a propósito de nada— para criticar la decisión de su predecesor de cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco —independientemente de las verdades que haya compartido—, pues casi que, como por arte de magia, vinieron los señalamientos de corrupción en su contra unos días después.
En el caso del boxeador, muchas cosas no cuadran. Se trata de una figura pública que, al menos desde que dicen tenerlo en la mira, tranquilamente se ha paseado a ambos lados de la frontera, participó en un reality show distribuido por una de las principales plataformas de streaming e, incluso, sostuvo una pelea arriba del ring en California unos cuantos días antes de ser detenido.
En este sentido, llama enormemente la atención la actuación —u omisión, más bien— de las autoridades de ambos países, pues mientras que unas le autorizaron participar en un compromiso profesional en su territorio —a pesar de sus aparentes problemas migratorios—, las otras no se tomaron la molestia de pretender detenerlo, aun con la orden de aprehensión vigente desde hace un par de años. Entretanto, el caso ha ocasionado una cadena de deslinde de responsabilidades entre ambos gobiernos.
Veremos en qué terminan las pesquisas en ambos temas, pero bien dicen que en política no hay sorpresas, sólo sorprendidos.