Con el objetivo de fortalecer el análisis técnico y riguroso sobre la pobreza en México, seis organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico han conformado el Consorcio por la Medición y la Evidencia, un nuevo espacio de trabajo colaborativo que busca vigilar de manera independiente la calidad y el uso de los datos en la política social del país. Su creación responde a la necesidad de mantener estándares altos de transparencia y objetividad, particularmente tras la desaparición del Coneval. La iniciativa surge en un momento crucial para el país.
Tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que durante años ofreció datos confiables y análisis especializados sobre la pobreza y el acceso a derechos sociales, se abre una etapa de transición en la que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha asumido parte de estas funciones. Aunque el Inegi cuenta con una sólida trayectoria técnica y goza de prestigio como generador de información estadística, diversos sectores han señalado la importancia de que exista una instancia externa que acompañe, vigile y complemente este proceso con autonomía y mirada crítica.
Integrado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, México Evalúa, México, ¿cómo vamos?, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Consorcio por la Medición y la Evidencia representa una alianza plural y multidisciplinaria que busca aportar análisis técnicos y accesibles, siempre con el objetivo de mejorar las políticas públicas y ampliar el impacto de las acciones para combatir la pobreza en México.
Magnicharters, de pena
Uno de los primeros compromisos del consorcio será realizar un análisis independiente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que el Inegi publicará a finales de julio.
También revisarán los resultados de la nueva medición oficial de la pobreza, con el fin de aportar una lectura complementaria que considere tanto la metodología como los resultados y su interpretación. Este tipo de ejercicios no sólo son valiosos desde el punto de vista técnico, sino que también fortalecen la rendición de cuentas y contribuyen a que la ciudadanía y los tomadores de decisiones puedan contar con insumos diversos, rigurosos y confiables. Medir la pobreza es mucho más que publicar una cifra. Implica entender las múltiples dimensiones que afectan el bienestar de las personas: ingreso, salud, educación, vivienda, seguridad social, alimentación y otras condiciones que limitan el desarrollo pleno.
También significa reconocer las desigualdades persistentes entre grupos sociales y regiones del país, así como la necesidad de impulsar políticas más integrales, focalizadas y sostenibles. Por ello, iniciativas como este consorcio resultan fundamentales: no sólo para vigilar que las mediciones sean precisas, sino para enriquecer el debate público y proponer mejoras concretas a las estrategias sociales.
Además, este nuevo espacio de colaboración plantea un mensaje relevante en el contexto actual: la producción y el análisis de datos deben mantenerse alejados de intereses políticos. Los datos bien usados permiten construir mejores políticas, más eficientes y más justas. Separar el análisis técnico de las narrativas partidistas es una condición indispensable para que la política social sea realmente útil para quienes más la necesitan.
La creación del Consorcio por la Medición y la Evidencia debe ser vista como una señal positiva para el país. Representa un esfuerzo ciudadano, académico y colectivo por preservar una cultura de evaluación rigurosa, por dar continuidad a buenas prácticas institucionales y por seguir impulsando una política social basada en evidencia. A la par, abre la puerta a nuevas formas de cooperación entre organizaciones, autoridades y ciudadanía, que pueden traducirse en mejores diagnósticos, mayor transparencia y soluciones más efectivas. Y aquí también se deben plasmar proyectos económicos que representan una herramienta clave en la lucha contra la pobreza, ya que permiten generar oportunidades sostenibles para que las personas mejoren sus condiciones de vida. A través de la creación de empleos formales, el impulso al desarrollo regional, la capacitación laboral y la inclusión financiera, estos proyectos facilitan la participación activa de la población en la economía. Además, al incorporar mejoras en infraestructura y servicios básicos, contribuyen a reducir desigualdades estructurales. Cuando se diseñan con enfoque social e incluyente, fortalecen el bienestar colectivo y ofrecen una vía para disminuir la pobreza de forma duradera.
Voz en Off. Esta semana se define una fecha crucial para el sector agroexportador mexicano, ya que el próximo 14 de julio vence el acuerdo de suspensión que ha evitado la imposición de aranceles a las exportaciones de jitomate hacia Estados Unidos. Una delegación de alto nivel de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, está en conversaciones con Washington negociando con autoridades estadounidenses lideradas por Howard Lutnick. México busca al menos una prórroga de 90 días para evitar que entre en vigor una tarifa que impactaría directamente a los productores nacionales y elevaría los costos para los consumidores en ambos países...
