La Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que ya está hecha la demanda en contra del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, argumentando que sus declaraciones fueron difamatorias. La demanda se hizo en México.
¿Qué consecuencias puede tener una demanda de este tipo para un abogado estadounidense? Prácticamente ninguna. El delito de difamación en México no es penal, y para que tenga consecuencias para el abogado estadounidense la demanda tendría que llegar a Estados Unidos.
Si es difícil probar el delito de difamación en México, y los daños punitivos son muy menores, acusar que alguien difamó por un comentario que se dio en la prensa internacional y siendo un comentario de un estadounidense, que una corte en Estados Unidos atraiga el caso es casi imposible.
Magnicharters, de pena
Y es que con las leyes estadounidenses, muy probablemente se dictaminará que el abogado de Ovidio emitió su opinión y en ese país la libertad de expresión es muy respetada, venga de quien venga.
Una demanda civil por difamación de un actor político mexicano contra una persona en Estados Unidos, como es el caso de Lichtman, difícilmente una corte en ese país reconocerá la jurisdicción mexicana.
Para que una sentencia mexicana se ejecute en Estados Unidos debe pasar por un proceso llamado Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. En la mayoría de los casos, como Nueva York o Chicago, donde trabaja Lichtman, aplica la doctrina que reconoce fallos extranjeros siempre y cuando no violen principios fundamentales de la Constitución estadounidense, incluyendo la Primera Enmienda, que es la libertad de expresión.
La realidad es que la demanda interpuesta en México por la Presidenta Claudia Sheinbaum no tendrá consecuencia alguna para el abogado de Ovidio Guzmán. Sí funciona políticamente para que la audiencia que sigue a la Presidenta vea que se está haciendo algo. Pero la realidad es que no tiene afectación alguna para el demandado.
No hay posibilidad de arresto ni pueden obligarlo a retractarse, a menos que un tribunal en otro país así lo ordene y por lo que dicen las leyes estadounidenses es muy difícil que se haga. Tampoco tiene efectos jurídicos inmediatos fuera del territorio mexicano.
SIN CONSECUENCIAS
Y si a eso le agregamos que en México la difamación dejó de ser delito federal desde 2007, sólo se encuentra en los códigos penales de Nuevo León y Yucatán.
Actualmente se persigue sólo por la vía civil, como daño moral y depende de las leyes de cada entidad. Esto significa que no hay consecuencias penales automáticas, aunque sí podría derivar en una demanda civil para ciudadanos mexicanos si se acredita que hubo afectaciones a la honra, la imagen o la dignidad de la persona agraviada.
Reitero, si el abogado hizo las declaraciones desde Estados Unidos, y en medios estadounidenses, México no tiene jurisdicción penal directa para sancionarlo.
Al tratarse de una figura pública, como lo es una jefa de Estado, las leyes estadounidenses exigen un estándar más alto de prueba, conocido como “actual malice”, qué significa: demostrar que las declaraciones fueron hechas a sabiendas de que eran falsas o con desprecio temerario por la verdad, esto de acuerdo con el precedente de la Corte Suprema en el caso “New York Times Co. v. Sullivan”, del año 1964.
Lo que sucede en el caso de la mandataria es que la denuncia de difamación podría quedar como un mero acto simbólico ante sus simpatizantes o a lo mucho, tendría un carácter administrativo.
Si realmente la mandataria quiere hacer una demanda con consecuencias, se necesita que el Gobierno mexicano decida escalar el caso a una demanda civil internacional por daño moral.
Y además, después el Gobierno de México, bajo esta lógica, tendría que demandar a muchos actores, empezando por el Presidente de Estados Unidos, quien es el primero en hablar de la protección de personajes en la política a criminales.
Tan es así, que un día después de la audiencia de Ovidio, Trump anunció un arancel del 30% a México, el cual entrará en vigor el próximo viernes 1 de agosto, así se lo hizo saber a través de una carta.
Entre los argumentos expuestos por el mandatario, indica: “México todavía no ha detenido a los cárteles que están tratando de convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico”.
Y todo eso sucedió mientras la Presidenta Sheinbaum realizó un viaje que incluyó Sonora, Baja California y Sinaloa, en este último estado de donde es originario Ovidio Guzmán.
Lo cierto es que con la denuncia al abogado de Ovidio Guzmán y su familia, la mandataria sólo fija una postura clara del Gobierno ante lo que considera una agresión, esto se suma a la ya tensa y complicada relación que hay entre México y Estados Unidos.
