El 9 de julio, el congreso peruano aprobó por mayoría el proyecto de ley 7549/2023. Se trata de una amnistía por crímenes relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. El proyecto fue promovido por integrantes de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, cuyo padre fue condenado por diversos crímenes cometidos durante su presidencia en la última década del siglo pasado.
Desde que fue sometida a la opinión de los legisladores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó al gobierno peruano que la aprobación de la ley representaba una violación a las normas de la Convención Americana en la materia. El 24 de julio, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano suspender la tramitación de la controversial ley. Basaba su solicitud en darle tiempo al tribunal a fin de analizar la compatibilidad del contenido con las órdenes emitidas durante las investigaciones sobre los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos durante la presidencia de Alberto Fujimori. El 31 de julio, la presidenta Dina Boluarte señaló que su gobierno seguiría adelante con la ley, independientemente de la posición de la Corte. Y, en efecto, el 13 de agosto la presidenta promulgó la amnistía, considerándola como un acto de justicia y honra a quienes lucharon contra el terrorismo.
La norma consta de dos artículos. El primero concede perdón a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía nacional, así como a los comités de autodefensa (grupos paramilitares que operaron con apoyo gubernamental), denunciados, investigados o procesados por su participación en la lucha contra el terrorismo en el periodo comprendido entre 1980 y 2000. Quedaron excluidos quienes, perteneciendo a cualquiera de esas corporaciones, estuvieran denunciados o imputados por terrorismo o corrupción. El artículo segundo establece un perdón “humanitario” a los integrantes de esos mismos cuerpos, mayores de 70 años, que ya hubieran sido sentenciados, excluyendo también a los procesados por terrorismo o corrupción.
La entrada en vigor de la amnistía creó una gran controversia. Y con razón. En su informe final de agosto de 2003, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, creada para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, estimó en 70 mil el número de víctimas por muertes, asesinatos y desplazamientos forzados, 20 mil de los cuales fueron desaparecidos. Sin eximir de culpa a los integrantes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, la Comisión concluyó que la mayor parte de la violencia fue responsabilidad de los agentes gubernamentales que acaban de ser amnistiados. La ley, recién aprobada, beneficia a 156 sentenciados y a más de 600 enjuiciados por conductas tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones. Con la promulgación de la ley de amnistía, Perú se agrega a la lista de países de la región como Nicaragua y Venezuela que, a pesar de ser signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, han decidido desacatar las decisiones de sus órganos. Es lamentable.