En la cúpula de la 4T han comenzado a poner lupa sobre el desempeño de las y los gobernadores del país en el combate a la inseguridad y violencia. Se trata -me dicen- de un análisis interno referente al desempeño del modelo policial y de prevención del delito, coordinación de gabinete, desempeño, organización y gestión social y en el que al menos cinco entidades son considerados focos rojos.
Pero en este análisis Yucatán ha destacado en positivo. Tras romper el monopolio político de la entidad -que históricamente compartieron PRI y PAN- y que pese a las advertencias panistas que auguraban un desastre en seguridad, hoy la entidad es la más segura del país y uno de los dos estados que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó visitar.
¿Qué ha hecho el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena para destacar entre los gobiernos de la 4T?
En menos de un año el morenista inyectó una inversión de 800 millones de pesos para la compra de patrullas estatales y municipales, así como para el equipamiento tecnológico de última generación a fin de privilegiar la prevención antes que la reacción; anticiparse al delito en vez de esperar a que ocurra, pues.
Otra línea de acción en la estrategia de Díaz Mena ha sido el proceso de reivindicación de los lazos de sus policías con sus comunidades.
Así, la fortaleza de las corporaciones yucatecas de seguridad no radica únicamente en los sueldos competitivos de sus elementos, sino en el hecho de ser una corporación integrada por yucatecos, con lazos de cercanía y afinidad con sus comunidades. Esa conexión social, me explican, más que blindaje, se convierte en un verdadero escudo ciudadano.
Díaz Mena, además, cumplió un compromiso de campaña y mantuvo en el cargo al secretario de Seguridad, Luis Saiden, quien lleva más de dos décadas en esa posición, sin importar el color del partido en el gobierno del Estado. La decisión confirma que la continuidad en los programas y en el liderazgo puede marcar la diferencia, sobre todo cuando las políticas de seguridad han dado resultados comprobados.
Otro ingrediente: el gobierno estatal lanzó el programa Aliados por la Vida, que se trata de una estrategia integral con más de 100 acciones enfocadas en la prevención de adicciones, la atención a la salud mental y la reducción de la violencia. Este programa se implementa en 60 municipios prioritarios y apuesta por un enfoque comunitario y de largo plazo.
Con los “Centros Renacimiento” como eje, se busca transformar realidades a través de actividades culturales, artísticas y deportivas, especialmente dirigidas a los jóvenes. Hasta aquí el análisis interno que me comparten funcionarios federales.
En ese contexto, el contraste político es inevitable. Mientras el PAN intentaba sembrar miedo en Yucatán, el Morena de “El Huacho” apostó por programas y resultados tangibles. El discurso blanquiazul terminó golpeando más a la percepción de seguridad en Mérida —la ciudad que gobiernan— que al propio gobierno estatal, me dicen desde la Tierra del Mayab.
En otras palabras, la oposición se dio un tiro en el pie: anunciaron un caos que nunca llegó.
Hoy Yucatán no solo ostenta el título del estado más seguro del país; también se proyecta como modelo nacional de políticas públicas en materia de seguridad y como un refugio confiable tanto para sus habitantes como para los visitantes extranjeros.
En el fondo, el modelo de éxito que ha implementado el “Huacho” Díaz Mena para garantizar seguridad en Yucatán, debería ser analizado por gobiernos de estados vecinos y tomar las buenas prácticas para enfrentar los temas de inseguridad y violencia que generan grupos de la delincuencia común en sus territorios… y que a más de un gobierno lo tienen en la zozobra.
RADAR
JUVENTUDES. El pasado fin de semana se presentó la memoria “El Observatorio Juvenil: Juventud, Derechos y Ciudadanía”, realizado en 2024 en la UTOPÍA Cuauhtlicalli. De acuerdo con sus autores se configuró como un espacio de encuentro, reflexión y acción para las juventudes de la Ciudad de México.
De este proceso emergieron diagnósticos y acuerdos que hoy representan insumos valiosos para avanzar hacia una ciudad más justa, equitativa e igualitaria, donde las políticas públicas no solo atiendan a las juventudes como beneficiarias, sino que se construyan con ellas como agentes de cambio y ciudadanía activa.
En esta labor, encabezada por la directora general del Injuve, Marcela Fuente Castillo, participaron jóvenes que en algunos años serán los referentes de la vida pública de México, no pierda de vista sus nombres:
Alaide Cruz Vega, Alejandro Erik Ávila Domínguez, Ana Sígala Ávila, Arturo Antonio Márquez Domínguez, Carlos Misael López Coyotl, Daniel Salomón Moran Estrada, Jessica Guillermina Álvarez Saulés, Jessica Michelle Reyes Moreno, María del Rosario García López, María Ximena Reséndiz Quintana, Miguel Ángel González Ricárdez, Mirell Aily Resendez Pichardo, Nayeli Lizbeth Victoriano Martínez, Rut Izel Organo Gómez, Samantha Lizeth Garduño García.
No hay que perderles la pista.