La degradación de las instituciones es como una avalancha, empieza de modo discreto, y un buen día ya no hay mucho que hacer. Es lo que le ocurrió al TEPJF. Desde diciembre de 2018 permitieron la intromisión del Poder Ejecutivo, abriendo una puerta que tiene las cosas donde ahora se encuentran.
Si se hiciera una línea de tiempo, habría muchos momentos que certifican algo parecido a seguir cavando en un agujero, pero de los momentos más notorios de esta situación, es el que respecta a la validación de la elección judicial.
No es que alguien esperara correcciones de relieve, y mucho menos la nulidad, sobre uno de los procesos más sucios de la historia reciente, pero lo increíble es que ni siquiera fueron capaces, los tres magistrados que hacen mayoría: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, de reconocer lo evidente, la existencia de “una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de acordeones, que constituyó una propaganda electoral prohibida”, como señaló el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
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Lo delicado, o triste, es que se vulneró la equidad en la contienda, la autenticidad del voto y la prohibición del financiamiento ajeno al de las propias candidaturas.
Pero quizá lo más bochornoso sea la burla que implica no aceptar lo evidente. Los acordeones fueron utilizados para que la integración de la Suprema Corte de Justicia sea la que rendirá protesta próximamente, porque esos nombres eran los que se promovieron en los acordeones.
Para la mayoría en la Sala Superior, los miles de acordeones, las 374 pruebas digitales, las 156 impugnaciones, las 38 carpetas de la Fiscalía de Delitos Electorales de la Ciudad de México, son simples conjeturas y rumores.
Rodríguez Mondragón, en sus alegatos para sustentar la nulidad, recordó que existían 7,400 millones de posibles combinaciones a la hora de votar, pero el 45% de los sufragios válidos fue para una sola combinación, la triunfadora, lo que en términos matemáticos tiene una probabilidad de cero, excepto que existiera una inducción para que ello ocurriera.
Se pudo, como sostuvo la magistrada Janine Otálora, dejar constancia en la sentencia de hechos que no debieran volver a repetirse, si es que aún persiste la voluntad de mantener estándares democráticos, aunque éstos sean ya modestos.
Otálora también precisó que al final del día lo que se mancilló fue la legitimidad de los triunfos, cuando en teoría lo que se pretendía era justamente darle otra cara al Poder Judicial, partiendo del voto ciudadano.
Ya no quedaba mucho del Tribunal Electoral, de esa institución que pacificó la lucha por el poder político y permitió elecciones limpias, pero no deja de ser una pena atestiguar que ahí también se dio por finalizada toda una época.
Lo que venga ya será otra cosa, una construcción muy distinta, inquietante por la forma que está tomando y por lo que puede significar en la próxima cita con las urnas en 2027.
