Ayer, Donald Trump anunció con tono triunfal que las fuerzas armadas de Estados Unidos habían atacado una embarcación proveniente de Venezuela cargada de drogas y operada por el Tren de Aragua, designado por Washington como organización “narcoterrorista”. Para reforzar el mensaje, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó un “ataque letal”. En la acción murieron 11 personas.
No fue un operativo de la DEA ni una detención en altamar: fue un acto de guerra.
Desde agosto pasado, Estados Unidos había desplegado tres destructores Aegis, submarinos y cuatro mil marines cerca de Venezuela. La Casa Blanca justificó este despliegue como un paso más en la “lucha contra el narcotráfico”. Así, Estados Unidos pasó de operativos realizados por la DEA o el ofrecimiento de cuantiosas recompensas a acciones militares sin mediaciones judiciales ni respaldo multilateral.
Trump ordenó atacar la embarcación venezolana con la misma impunidad con la que antes ha autorizado golpes contra los hutíes en Yemen. El paralelo no es casual: muestra que la acusación de “narcoterrorismo” contra el Tren de Aragua va en serio. Y revela que Washington está dispuesto a aplicar en el Caribe la misma lógica de guerra que en Medio Oriente. Si aceptamos esta equivalencia, la región se acerca peligrosamente a un escenario tan volátil como el que se vive día tras día en el Golfo Pérsico, donde la excepción militar se ha vuelto la regla.
La respuesta de Caracas ha sido previsible: Nicolás Maduro movilizó milicias y denunció un intento de cambio de régimen.
Lo más sorprendente, al momento de escribir esta columna, es el silencio del resto de América Latina. Ni la OEA ni los gobiernos de la región han emitido una condena clara. ¿Es miedo? ¿Es complicidad? ¿O es incapacidad política de advertir que la escalada nos involucra a todos? En la Guerra Fría, América Latina fue tratada como tablero de operaciones. Hoy se corre el riesgo de repetir la historia, con los mismos amargos resultados de entonces.
El problema es geopolítico pero, sobre todo, moral. ¿Puede un Estado declararse juez y verdugo en aguas internacionales? ¿Podemos trivializar 11 muertes bajo la etiqueta de “narcoterroristas” sin debido proceso alguno? La ética política exige recordar que el lenguaje bélico abre la puerta a la excepción permanente, donde todo se justifica en nombre de la seguridad.
No tengo ninguna intención de justificar al gobierno de Nicolás Maduro. En esta misma columna he documentado sus bajezas y atrocidades: la represión, la persecución política, el hambre convertido en arma de control social. Pero que Maduro sea un tirano no autoriza a Trump a hacer lo que quiera.
El repudio a un régimen autoritario no puede convertirse en carta blanca para la arbitrariedad militar de otro Estado. El mundo tiene los ojos puestos en Ucrania, en Gaza y en el Indo-Pacífico. Pero el Caribe, a unas cuantas horas de nuestras costas, se está incendiando.