Ahora que está claro que el aumento al salario mínimo fue un factor determinante para lograr la disminución de la pobreza, conviene recordar lo que fue una larga batalla para derrotar prejuicios y malas lecturas económicas.
Miguel Ángel Mancera, desde que arrancó su gobierno en diciembre de 2013, le encargó a Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico, que realizara un estudio puntual del comportamiento económico de la Ciudad de México.
Uno de los hallazgos más relevantes y preocupantes fue que la crisis de 2008 había dejado huellas severas, y entre ellas, las de la precarización de los salarios. Es decir, el empleo se recuperaba, pero los puestos generados no implicaban que los trabajadores tuvieran un ingreso que les permitiera atender sus necesidades básicas.
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A ello habría que añadir que entre 1976 y 2014, el salario mínimo había perdido el 70% de su valor.
Se tenía que hacer algo al respecto y se hizo. Se convocó a un grupo de expertos: Antonio Azuela, Graciela Bensusán, Raymundo Campos, Gerardo Esquivel, Juan Carlos Moreno-Brid, Ariel Rodríguez Kuri, Enrique Provencio, Jaime Ros y Pablo Yanes Rizo, quienes junto con el propio Chertorivski y sus colegas del gabinete, Edgar Amador y Patricia Mercado, titulares de Finanzas y Trabajo, y el subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Ricardo Becerra, le presentaron al Jefe de Gobierno un documento que es la base para que se rompieran, con el tiempo, las resistencias que impedían que el salario mínimo sirviera para salir de la pobreza más apremiante.
“Política de recuperación del salario mínimo en México y el Distrito Federal. Propuesta para un acuerdo”, fue presentada por Mancera en el Senado en agosto de 2014.
La recepción fue buena entre los legisladores, pero los frutos no se empezaron a ver, a nivel nacional, hasta el 2016, cuando inició un aumento del salario mínimo que significó un 14% hasta el 2018.
En la Ciudad de México, en cambio, se impulsó la creación de la Unidad de Cuota, para que multas y servicios no impactaran en la discusión sobre las remuneraciones; se otorgaron incentivos fiscales a las empresas socialmente responsables que incrementaron los salarios, y se estableció la figura del proveedor socialmente responsable que contemplaba que, para tener contratos con el Gobierno capitalino, había que ofrecer salarios decorosos a sus empleados.
En realidad, la política sobre el salario mínimo trazó una parte sustancial del proyecto de Mancera, de la que no quitó el dedo del renglón, aunque se tratara de un asunto de carácter nacional o precisamente por eso.
Junto con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, se realizó un pronunciamiento al respecto en 2016, la Declaratoria de Guadalajara, donde se señala, entre otras cosas, que “un salario mínimo por debajo de la línea que marca la canasta alimentaria constituye una de las más graves deformaciones no sólo de nuestra economía, sino también de nuestros valores como sociedad”.